En una declaración titulada "por la libertad de opinar", la AEDEP, que reúne a 24 publicaciones, denunció que los derechos ciudadanos "han sido vulnerados con la manipulación de la justicia, que se ha hecho evidente" en esta "apresurada, absurda e ilegal sentencia".

La asociación pidió a la justicia que "anule" el dictamen, indicando que es "un ataque sin precedentes en contra de la libertad de opinión y del ejercicio del periodismo en Ecuador".

Por su parte, los empresarios aseguraron que el fallo "induce a la censura previa" y marca un precedente que impedirá a la prensa "reproducir libremente las opiniones de los ciudadanos".

Asimismo, en el texto titulado "Tu libertad está en riesgo", entidades como las cámaras de comercio de Guayaquil y Quito señalaron que las "particularidades del proceso y la desproporcionada sentencia generan incertidumbre respecto a la independencia de la justicia".

"Las cámaras exigimos respeto a los derechos de todos los ecuatorianos de opinar y de estar informados; exigimos se cumplan las reglas; y exhortamos a bajar el clima de tensión fomentando el diálogo como único mecanismo para superar las diferencias", precisó la declaración.

Correa presentó la demanda a raíz de un artículo en el que el ex editor de opinión de El Universo Emilio Palacio le advierte que una corte internacional podría juzgarlo por delitos de lesa humanidad, al supuestamente haber ordenado abrir fuego contra un hospital durante una rebelión policial el 30 de septiembre de 2010.

El cotidiano pidió la nulidad del proceso, mientras que Correa apeló para reclamar los 80 millones de dólares que exigió inicialmente, que anunció destinará a un plan del gobierno contra el calentamiento global.

Junto con Palacio, el juez sentenció al director del rotativo, Carlos Pérez, y a los subdirectores Nicolás y César Pérez, quien sostuvo que ni los directivos ni la empresa tienen cómo pagar la indemnización a que obliga el fallo.