Así, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, calificó hoy de "grave zarpazo a la libertad de información" la multa de 40 millones de dólares y condena a tres años de prisión para los directivos de El Universo, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, y su exjefe de opinión Emilio Palacio, por injurias contra el mandatario.

 

El pasado 21 de marzo, Correa demandó al diario tradicional de mayor tirada de Ecuador y sus directivos por una columna en la que Palacio aseguraba que durante un levantamiento policial el 30 de septiembre de 2010 el mandatario ordenó "fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente".

 

Marroquín agregó que espera "que en instancias superiores la Justicia sepa valorar el derecho a la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, por sobre los intereses personales de quienes detentan el poder".

 

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la OEA) consideró "innecesario y "desproporcionado" recurrir al proceso penal para tratar el caso.

 

Además advirtió, a través de un comunicado, que esa práctica puede convertirse en "un medio de censura indirecta" ya que su efecto "amedrentador" puede hacer a los periodistas dejar de tratar algunos temas que sean de interés público.

 

Más directo fue Human Rights Watch, que en un comunicado emitido en Washington afirmó que esta condena "viola las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ecuador y debe ser revocada".

 

"La condena penal de quienes critican al presidente es un ataque frontal a la libertad de expresión en Ecuador", destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

 

Por su parte, Reporteros sin Fronteras (RSF) deploró la condena, incluida la "exorbitante" multa a El Universo, y añadió que ese "acoso judicial pone en evidencia una estrategia de las autoridades ecuatorianas que busca acallar los medios de comunicación en el país, actualmente muy criticados por el presidente Correa".

 

La organización con sede en París destacó que Ecuador contempla penas de cárcel para los periodistas, "de modo contrario a la tendencia general hacia la despenalización de los delitos de prensa observada en América Latina".

 

Igualmente de crítico fue el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) que, desde Nueva York, consideró que la decisión judicial "sienta un precedente alarmante como limitante de la libertad de expresión".

 

El CPJ añadió que, según una investigación realizada por el mismo Comité, "las leyes de difamación en Ecuador han sido utilizadas sistemáticamente para castigar a periodistas críticos".

 

Al repudio mundial también se sumó la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que agrupa a unas 17.000 emisoras de radio y televisión privadas de todo el mundo, que señaló que la condena es una señal "de la precaria situación" de los medios ecuatorianos.

 

En Ecuador "lo grave" no es solo "la subsistencia de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales" sino que sea Correa "quien ejerza acciones penales para amordazar a la prensa", aseguró en un comunicado el presidente de la AIR, Luis Pardo.

 

En Venezuela, para el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), organización contraria al Gobierno de Hugo Chávez, la sentencia "se venía venir" pues la Administración Correa "ha intentado intimidar a los periodistas en su país", según dijo a Efe su secretaria, Laura Weffer.

 

Sin embargo, la periodista venezolana dijo que no se atreve a decir que El Universo es inocente y admite que "es probable que en ambientes tan polarizados los medios de comunicación asuman una política de militantes, lo que lleva a que se cometan excesos".

 

"Es un precedente muy peligroso, incluso fuera de Ecuador, porque (...) mañana podría cualquier tribunal venezolano hacer lo mismo", dijo Ricardo Antela, consultor jurídico del canal de televisión Globovisión, que tiene siete procedimientos administrativos abiertos en su contra por las autoridades de Venezuela, el último por la cobertura de una crisis carcelaria el mes pasado.

 

En Bolivia, que vive un choque entre la prensa y el presidente Evo Morales similar al de Ecuador o Venezuela, se vio "como un ejemplo más del abuso de poder que se está imponiendo en los países que están bajo la égida" del presidente Chávez, según dijo a Efe el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Pedro Glasinovic.

 

A partir de este caso, "podría desatarse una ola de demandas contra medios con el único objetivo de controlar sus líneas editoriales", argumentó, por último, Rolando Rodríguez, director asociado del diario panameño La Prensa, periódico al que un tribunal condenó en abril de 2010 a indemnizar con 300.000 dólares a un fiscal en un proceso por difamación, que el rotativo apeló y por el que espera sentencia.