Los cambios propuestos son radicales; si bien el Presidente ha demostrado que no le faltan pantalones para combatir la corrupción, el apoyo del pueblo es fundamental. Los últimos sucesos y denuncias al interior del Consejo de la Judicatura obligan sanear de raíz el poder judicial. De hecho, allí el principal activo es humano. Malos jueces, mala justicia: así de escueto. Los grandes jurisconsultos/as no piensan en la judicatura como una elección válida de desarrollo profesional, cuando, en otras naciones, solo haber sido ayudante de un juez es una distinción y privilegio. Por tanto, cualquier renovación de la justicia tiene que ir de la mano con el rescate de “ser juez” en la acción y la opinión pública. 

Construir una nueva justicia que atraiga a los mejores hombres y mujeres, sin convertirse en un arma de persecución política ni en un broquel para encubrir la corrupción, es el reto. Lograrlo requiere los mejores esfuerzos del gobierno, pero también la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas. Cambiar el país es responsabilidad de todos y un desafío de primer orden para el Presidente Correa. 

Es necesario establecer y reglamentar, vía Asamblea, aquello de tipificar el enriquecimiento privado injustificado, y lo de fijar criterios de responsabilidad ulterior de los medios de Comunicación. No obstante, una lucha inmediata, será también, desterrar de su gobierno a la vieja clase política que en los mandos medios y también como ministros/as, torpedean los cambios sustanciales que se están dando en este gobierno y con urgencia, ser sustituidos por gente progresistas que estén  comprometido con esta revolución.

En definitiva, el gran desafío no solo del Presidente Correa, sino de todos y todas, es consolidar una democracia constitucional en forma radical, profunda, rápida, y sobre  todo en paz.<