El fallecimiento de más de 20 personas y la asistencia de pacientes que superan los 100 en la provincia de Los Ríos por haber ingerido alcohol sin marca ni registro sanitario, predispuso al Gobierno a declarar Estado de Emergencia, Ley seca, por un lapso de 72 horas en todo el territorio nacional, dado que se comprobó que dicha bebida contenía alcohol metílico, sustancia que afecta al organismo humano, y el reporte de similares efectos en personas de otras cuatro provincias del país.
El caso es preocupante por la pérdida de vidas humanas, en casi su totalidad de bajos ingresos económicos que, por lo general, tienen acceso a licores de menor costo que se ajustan a su presupuesto en la ingesta habitual –semanal, diario o celebración festiva-, de una cultura que se mueve entre la tradición y la dipsomanía de quienes lo consideran parte de su subsistencia.
Pero al margen de de esa circunstancia individual o social está la participación de los organismos creados para supervisar, no sólo su expendio sino la calidad del licor que se vende en el país. Y a pesar que las bebidas alcohólicas de por sí son dañinas para la salud en cantidades exageradas - lo que no requiere comentario alguno –, forman parte de los productos que se comercializan en respeto a la libre determinación del individuo y a su impacto en la economía nacional.
Que este trágico episodio, que actualmente pone en alerta a las autoridades de salud, sirva para que se extienda el control permanente a este y otros artículos, visitando, por ejemplo, las envasadoras de agua llamadas purificadas, que han reemplazado al agua potable para beber, puesto que hay quejas que algunas ya no garantizan su pureza por una serie de factores que van desde la infraestructura hasta la viveza criolla.<