Y se insiste en que para ello tiene que seguirse las medidas preventivas aconsejadas como alejarse de los lugares de peligro, no invitar al delito portando joyas o lujosas prendas, o mucho dinero; no haciendo evidente retiros abultados de los bancos o, en su defecto, solicitando protección policial, entre otras recomendaciones.
Y las medidas de prevención deberían ser difundidas con mayor profusión porque sirven para evitar lamentar asaltos, secuestros y otros crímenes comunes en nuestras poblaciones, y que con la colaboración de la colectividad pudieran reducírselos progresivamente, pues confiar en la sola acción policial es continuar en la equivocación.
No porque la Policía no tenga esa obligación, o porque no lo quiera; pero es sabido la crisis que soporta esa institución y conocido que la constante presencia de los uniformados en todos los lugares no será posible, mucho menos cuando hay déficit de personal. Por ello se hace necesaria la colaboración ciudadana al esfuerzo oficial.
Pero ante esta exigencia a la ciudadanía, el gobierno debe colaborar facilitando medios para que ésta pueda ejercer su propia defensa cuando sea menester.
Y una de las maneras puede ser la revisión de la prohibición a portar armas, para que quienes justifiquen la necesidad de hacerlo reciban la autorización correspondiente una vez que hayan pasado las pruebas correspondientes, lo que serviría como medida disuasiva y de defensa a la vida, inclusive, cuando la situación se presente.<