He leído con sumo interés el artículo de opinión de mi colega Childerico Cevallos. Me da la impresión de que él ahogó en el tintero la mayor parte de su angustia y desesperación ciudadana, en salvaguarda de su bienestar personal. Él no se sintió en la absoluta libertad para expresar toda su opinión, por la inseguridad creciente en Manabí -por un lado-, y -por el otro- a la reacción incontrolada del gobierno actual en Ecuador.

Es justo que su seguridad y la de su familia vienen primero. Y entiendo el por qué (?), él utilizó un diplomático pañuelo blanco para expresar un clamor comprimido en su cerebro y en su pecho, como ciudadano consciente y responsable. Eso es muy sano y saludable.  Y me sirve de muy buen ejemplo para entender las consecuencias de los ataques a la libertad de prensa en nuestro querido Ecuador.
La creciente llama de la criminalidad está consumiendo el territorio ecuatoriano.  Y es indiscutible que sí existen las bases suficientes para declarar una "emergencia nacional", en la que el actual presidente y todos los administradores de las leyes y la justicia en su gobierno tienen la obligación -prioritaria- de tomar las medidas de hecho, para que las fuerzas de seguridad nacional cumplan con la responsabilidad para la que fueron creadas y por las que son remuneradas, de acuerdo al presupuesto del país. 
Mientras la criminalidad aumenta en Ecuador, la desidia de las autoridades competentes, desde el presidente, ministros, intendentes, fiscales, y la comandancia general de la Policía, es sorprendente e injustificable.  Lo que amerita preguntar si ellos están interesados en proteger a sus propias familias y la sociedad a la que deben servir.  O, prefieren amparar con su desidia a los delincuentes comunes, y los criminales que a diario usan las motos para asesinar a sangre fría a sus víctimas en Manabí, por ejemplo, sin que nadie trate de poner coto a esta creciente situación. 
Es evidente que estos hechos cuestionan a todos en el gobierno actual.  Sobre todo a quienes tienen la responsabilidad directa de salvaguardar la seguridad nacional, partiendo por el Presidente Rafael Correa.
El aumento de la criminalidad, amerita la declaración de emergencia en Ecuador.