Los sarayaku esperan demostrar en la sesión "culminante de todo el proceso" los supuestos abusos perpetrados por el Estado desde 1996, cuando el Gobierno de entonces otorgó a la empresa argentina CGC el derecho a explotar la riqueza petrolera de su tierra sin preguntarles previamente, según dijo a Efe Patricia Gualinga, una de sus líderes.

"Están destruyendo el territorio en todas partes, no solo en Sarayaku, están agrediendo a la madre naturaleza, para sacar el líquido oscuro", afirmó Sabino Gualinga, de 88 años, guía espiritual de la comunidad y padre de Patricia, de 41 años, quien actuó de intérprete.

La Constitución de 2008, impulsada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, es respetuosa con el medio ambiente y reconoce, incluso, los derechos de la naturaleza.

Sin embargo, Patricia Gualinga se quejó de que el Gobierno ha mantenido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) los mismos argumentos defendidos por el Ejecutivo que dirigía Lucio Gutiérrez, en cuyo mandato se inició el proceso internacional.

"Los escritos siguen tildándonos de subversivos, de conflictivos, de todo, entonces eso quiere decir que no ha habido cambios", afirmó.

La Procuraduría de Ecuador, que representará mañana al Gobierno, no accedió a una petición de Efe para exponer sus argumentos.

Se prevé que la CorteIDH emita su dictamen en los próximos seis meses, según los representantes del pueblo Sarayaku, que esperan que un fallo a su favor establezca jurisprudencia internacional sobre el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento previo a la explotación de recursos naturales en su territorio.

En la audiencia, que tendrá lugar en Costa Rica mañana y el jueves, la Corte escuchará a cuatro miembros de la comunidad, incluidos Patricia y Sabino Gualinga, dos testigos del Estado y dos peritos, tras lo cual se presentarán los alegatos finales, según ha informado el tribunal.

El territorio sarayaku consta de 137.000 hectáreas en la Amazonía, a un día en canoa de motor de la localidad más cercana. Una parte de ese área, donde viven 1.200 personas, es ahora intransitable, ya que CGC dejó enterrada casi tonelada y media de explosivos para crear claros en la selva donde establecer sus instalaciones.

Sus empleados nunca llegaron a hacerlos detonar porque el pueblo sarayaku se movilizó contra la petrolera.

El Estado tan solo ha extraído 14 kilogramos de cargas, pese a que la Corte ordenó en 2005 que sacara todas, según los demandantes.

"Está en una zona muy rica de biodiversidad, donde la gente hacía sus cacería, su pesca. Todos estos años la gente no ha podido acceder a eso", se quejó Patricia.

Los sarayaku también quieren que la Corte obligue al Estado a reconocer las violaciones de sus derechos en estos 15 años, pues afirman haber sido agredidos, amenazados y sus líderes enjuiciados "por terroristas", según Patricia Gualinga.

El Gobierno sostiene, por su parte, que por primera vez, buena parte de los beneficios del petróleo y de la minería se quedan en las comunidades locales, y que se usará para salud, transporte y educación, por ejemplo.

Eso ha hecho que algunos de los pueblos vecinos se hayan puesto contra los sarayakus, pues según Gualinga, "el Estado ha vendido la idea de que las obras sociales se financiarán con todo el recurso que saquen del petróleo (...). En cambio nosotros mantenemos que no es necesario que nos exploten y nos hagan pedazos para darnos todo eso".

Representantes del pueblo han visitado otras comunidades en cuyo territorio sí se explota y han constatado la contaminación y la falta de mejoras sociales, señaló Patricia Gualinga.

"Nos oponemos a la visión occidental de que todo lo material termine arrasando lo espiritual", dijo Patricia, mientras que su padre alertó de que "si se explota el petróleo toda la energía del bosque se debilita".