El juez Vigésimo Primero de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, suspendió a Cevallos por incumplir sus funciones al no restituir en su cargo a un magistrado, como había sido ordenado en un auto judicial.

 

Ese caso no tiene que ver con el juicio a los seis policías, pero supone un nuevo elemento en el enfrentamiento entre Coba y Cevallos, originado por el proceso judicial sobre el alzamiento del 30 de septiembre de 2010.

 

El jueves, bajo la jefatura de Cevallos, el Consejo de la Judicatura suspendió a los tres jueces que condenaron al coronel Rolando Tapia y a otros cinco policías a penas de entre tres años y dieciocho meses de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado durante la rebelión.

 

El Gobierno y la fiscalía les acusaban de impedir que los legisladores entraran a la Asamblea Nacional.

 

Cevallos suspendió a los jueces por una supuesta irregularidad en el nombramiento de uno de ellos.

 

El viernes Coba dejó sin efecto esa orden y los tres magistrados volvieron hoy a ocupar sus cargos, según dijo a Efe una portavoz del Tribunal Segundo de Garantías Penales, al que pertenecen los jueces destituidos.

 

Hoy Coba procedió también a suspender a Cevallos por no haber restituido al magistrado Vigésimo Segundo de Garantías Penales, Juan Pablo Hernández Cárdenas, quien fue relevado de sus funciones, pero que tras la emisión de un auto judicial tenía que volver a su cargo.

 

Ese auto establece que "si la resolución o sentencia no se cumple por parte de las servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo", según la resolución de Cevallos.

 

En consecuencia, con ese documento el juez "ordena la destitución inmediata del Doctor Benjamín Cevallos Solorzano" y que Hernández Cárdenas "en forma inmediata se reintegre a sus funciones".

 

Por su parte, Cevallos declaró hoy a la prensa que su suspensión proviene de "un juez de garantías constitucionales que fue designado por el Gobierno".