La figura del Ombudsman como institución aparece por primera vez en la Constitución sueca de 1.809. Lo nombra el Parlamento sueco, aunque actúa cono total independencia. El Ecuador acoge esta institución y se la conoce como Defensoría del Pueblo. Sus atribuciones están señaladas en el Art. 215 de la Constitución de Montecristi.

El titular durante el “rafaelato”, viene siendo el doctor Fernando Gutiérrez Vera, jurista de reconocido prestigio, persona íntegra, honorable e imparcial, habiendo dedicado gran parte de su vida al estudio académico y a la enseñanza de la defensa de los derechos humanos. Es una de las personalidades más indicadas para el desempeño de un cargo que asegura la observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin importar la vertiente política de la que provengan.
El Defensor del Pueblo es la voz moral de una sociedad determinada en contra de los actos de corrupción de un gobierno. Si bien es cierto que no tiene fuera coercitiva, la base de su categoría ética y profesional bastan para alertar a la comunidad sobre las inmoralidades que se practicaren desde las más altas esferas. Fernando Gutiérrez es heredero del mejor legado que le dejó su padre, el doctor Macario Gutiérrez Solórzano, manabita excepcional, caballero integérrimo y magistrado justo. Y dicho acervo, Fernando ha sabido capitalizarlo imprimiendo a los actos de su vida pública y privada una rectitud de procedimientos que solo la profesan aquellos varones que se hacen merecedores del respeto de todos, menos de los infames.
En un país como el Ecuador, donde se palpa la traición de sus dirigentes, Fernando Gutiérrez Vera ha cumplido sus delicadas funciones sin estridencias pero con precisión, siendo así que reclamó por el criminal asunto de los neonatos que permanecían abandonados en los hospitales públicos, lo que originó la muerte de docenas de ellos; como también denunció la inconstitucionalidad de temas de la consulta-referendo del último 7 de Mayo; así como mediante la entereza que lo caracteriza afirmó que el Estado está en la obligación de respetar los puntos de vista de los defensores de los derechos humanos y no de emprender una política de criminalización de la protesta social. Fueron bofetones a las iniquidades que viene cometiendo este gobierno despótico, que se acostumbró a violar las normas internas y los convenios internacionales.
Fernando ha cumplido su misión al declarar sin ambages que existe irrespeto a la institucionalidad, lo cual significa que con deliberado propósito se debilitan los cimientos de la democracia. Como también mencionó que aquellos que forman parte del aparato del Estado no les gusta ser controlados, lo cual significa que se escudan en la impunidad.. <