El planteamiento de la reu-nión que en la mañana tuvieron con el Gobernador, Rodrigo Vélez, dirigentes sindicales y el presidente ejecutivo, Gastón Navarrete, fue que la licencia sea por dos meses. La diferencia de cuatro meses mantiene una medida de hecho que anoche buscaban terminar, en un sitio no señalado. La asamblea, liderada por Ricardo Paredes debido a que el secretario del Comité de Empresa, Lincoln Jara, sigue asilado en la clínica Manta, también pidió la licencia o vacaciones forzadas de los colaboradores cercanos de Hormaza. Vicente Montesdeoca, hasta hace poco jefe técnico, dijo que la propuesta es válida pero no debe dirigirse los dardos sólo hacia ella sino hacia quienes dan las disposiciones. Denuncias de Jara Pero las denuncias se mantienen. Jara insiste en sus denuncias contra Hormaza y Gastón Navarrete y entregó una carpeta conteniendo documentos que, afirma, probarían las irregularidades cometidas. Jara dijo que la jefa financiera falsificó firmas para hacer ganar a sus amigos proveedores Medardo Silva y Altatensa el concurso de provisión de materiales para la electrificación rural del 2005. Sobre los 26 empleados que apoyan para que sean contratados, dijo que lo hace en base al amparo constitucional que los favoreció “porque tenían dos años de trabajo y justificaban su presencia”. Agregó que en su administración “no ingresó nadie” a la entidad. Acusó a Hormaza de “ponerme la cascarita dos veces”, al “hacerme firmar un contrato para la seguridad de las instalaciones y luego de seis meses me dí cuenta que no tenía el informe de Procuraduría”. También la acusó de haber utilizado, con Gastón Navarrete, 500 mil dólares de Emelmanabí para financiar obras de iluminación para la campaña del Partido Social Cristiano, mientras que no hay 100.000 dólares para comprar el transformador para la subestación eléctrica de Chone, que en cualquier momento puede colapsar. “Los postes, luminarias, equipos y accesorios, jamás entraron a bodega, sin embargo, pretende hacer firmar al bodeguero, que estos si salieron de la central Miraflores”, anotó. El Diario no ha podido obtener la versión de Navarrete y Hormaza por cuanto no se los encuentra en sus domicilios ni responden al teléfono. La casilla del celular de Navarrete está llena y no es posible dejarle mensajes. Jurídico “sin trabajo” Dentro de los documentos entregados por Jara, consta la comunicación firmada por Navarrete y enviada a la directora financiera (e) Fátima Alvarado, el 28 de agosto de este año, pidiéndole el pago de 21.500 dólares, incluido el IVA, a favor del estudio jurídico Brito Morán O´Brien, por concepto de honorarios profesionales “correspondientes a múltiples gestiones encomendadas por esta Presidencia Ejecutiva”. Ese trabajo debía hacerlo el asesor jurídico, Hugo Vargas, de quien se indicó no maneja estos temas sino los asesores de Navarrete. Vargas no quiso dar declaraciones y se limitó a decir: “ustedes más que nadie conocen la situación, lo que está pasando en la empresa”. PAGOS AUTORIZADOS POR PRESIDENCIA EJECUTIVA En la carpeta entregada por Jara también constan los memorandos enviados por Gastón Navarrete a Fátima Alvarado, con fecha octubre 17 del 2006, autorizándole el pago de $ 2.867,20 a favor de Marlon Briones Mendoza y $ 2.867,20 a Pablo Guadamud Jaramillo, por concepto de honorarios por servicios profesionales en el programa Spard, realizando levantamiento de información, diagramación de líneas de distribución y redes secundarias, entre otros. Este valor corresponde al periodo comprendido entre el 16 de septiembre al 15 de octubre de este año. Navarrete se basa en el memorando de José Bazurto Roldán, asesor de la presidencia ejecutiva. También está el informe, con fecha 4 de diciembre, enviado por el jefe de presupuesto, Henry Mera Pico, al director financiero (e), indicándole que cinco partidas del Presupuesto de Operación del año 2006, por un monto de $ 499.472,23, se encuentran sobregiradas debido a la gran cantidad de trámites de pago que se han elaborado en los últimos meses sin haberse realizado la respectiva consulta por parte de las diferentes áreas para ver si existe disponibilidad para adquirir compromisos. También, el 26 de agosto solicitó a la directora financiera el pago de $ 46.273,47 a Ángel Moreira, por trabajos de recuperación de cartera en Manta, cuando aún no se había legalizado el contrato. Ricardo Paredes DIRIGENTE “Haremos respetar la decisión de las bases del sector laboral que buscan evitar que esta empresa siga cayendo en el abismo”. Gustavo Reyes EMPLEADO “No puedo callar. Deben saber que he sido advertido de que algo malo se arma contra mi persona y dos compañeros, por denunciar”. Lindon López EMPLEADO “La licencia obligada tiene que ser para la jefa financiera y sus colaboradores que apoyaron las irregularidades”.