Y eso que los profesionales de la salud juran que no paralizan la atención, tal como ocurrió el lunes pasado con los 45 internos del hospital Verdi Cevallos, de Portoviejo. Así, Jorge Intriago, vicepresidente de la directiva de internos de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), le comunicaba a René Cañar, teniente de la Policía que lideró un piquete para controlar el orden, que estaban en “asamblea permanente” y que sólo atendían las “verdaderas” emergencias y no, por ejemplo, las simples dolencias a la garganta. Cañar le creyó; sin embargo, otro grupo de internos, bloqueaba la puerta de acceso a la sala de emergencia, constituyéndose prácticamente en una aduana que trababa el ingreso de personas con dolencias. Un caso patético “Verónica” llegó con principio de aborto. Ni bien se bajaba del taxi, retorciéndose del dolor y con caminar sumamente pausado, los internos de antemano le decían “no hay atención”. “Pero está sangrando”, afirmaba una amiga que la acompañaba. “Muéstreme la ecografía para comprobar que está embarazada”, le pedía uno de ellos. En fin, de tanto y tanto, la dejaron ingresar ante la indignación de uno que otro interno que lamentaba que el “paro” no se cumpliera como tal. “Pongamos candado y perdamos la llave”, expresaba alguien por ahí. Aunque más indignada estuvo María Solórzano, quien llevó a su hijo Isaac Acosta para curarse de una severa quemadura en la pierna izquierda. Los internos le señalaron que no lo podían tratar, que fuera al centro de salud que allá sí estaban atendiendo, cosa que no fue cierto. Todo esto mientras la Constitución señala que por ningún motivo se negará la atención de la salud. “Hay un irrespeto a la Constitución, no se puede paralizar los servicios públicos. Es urgente que la ciudadanía tenga un despertar para defender sus derechos”, enfatiza Ramón Cando, presidente de la Asociación de Consumidores de Portoviejo. Alba Jácome, asistente legal de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, asegura que el usuario de salud que no ha recibido el servicio que buscaba, puede acercarse a esta entidad o a la Defensoría del Pueblo para tratar su caso, y si como consecuencia de esa desatención tenga un daño grave (hasta la muerte) deberá acudir a la Fiscalía. Como medida de la Tribuna se podrá motivar, mediante oficio, la intervención de las autoridades pertinentes, en este caso el MSP, para que haya una sanción administrativa. Además, se solicitará se cubra todos los gastos médicos que provocaron la negativa de servicio al tratarse en un establecimiento privado. Ellos también tienen derecho Catorce mil trabajadores del sector salud en Ecuador, entre auxiliares de enfermería, técnicos de mantenimiento y choferes, están pendientes de deudas salariales. El lunes marcharon por las calles del país reclamando por el pago de las jornadas de los sábados y domingos, que nunca les han sido reconocidas. También por la retribución de las horas extraordinarias. Si no les cancelan estas deudas suspenderán la atención en la consulta externa y no permitirán las cirugías programadas, aunque sí garantizan el servicio en emergencias. “Ellos también están en su derecho”, dice el policía René Cañar, quien acudió a comprobar una manifestación de internos el lunes, en el hospital de Portoviejo. “La Constitución está por encima (no permite paralizaciones en el sector salud), pero si no los atienden desde el Gobierno, qué se puede hacer. Si ellos manifiestan que se atenderán emergencias, se garantiza el servicio”. Mientras, Jorge Intriago, vicepresidente de la directiva de internos de la UTM, recalca que la medida tomada es por el reclamo de sueldo de noviembre, que no ha sido pagado todavía. Cada uno de los 45 internos recibe 280 dólares cada uno. También sostiene que ellos merecen un mejor trato. La mayoría proviene de distintos lares del país y gastan en arriendo, por eso no pueden estar impagos para no demorarse en este pago. Jhonny Cornejo Intendente de Policía “Si autoridades superiores ordenan el desalojo de manifestantes habría que coordinar con los elementos policiales”. William Salazar Comisionado Defensoría del Pueblo “Si en una desatención en un hospital los pacientes se enferman más o mueren, ahí se debe responder penalmente”.