Gabriel Solórzano, fiscal a cargo del caso, destacó que no pidió orden de prisión ni para el concejal Richard Nan Cedeño ni para el alcalde Eliécer Bravo, quienes han sido mencionados por uno de los 10 detenidos, porque ambos gozan de fuero de corte por cuanto son dignatarios, ante ello son las instancias superiores las que deben determinar alguna acción sobre ellos. Agregó que luego de que el caso sea ventilado en una de las salas especializadas en Portoviejo volverá a Chone pero la investigación será dirigida por la fiscal Celinda Velásquez. Explicó que inicialmente tomó el caso por cuanto ese día la fiscal estaba con permiso pero una vez que Velásquez se reintegró le corresponde esa competencia. Mientras eso la Policía señaló que ellos tienen competencia limitadas en la investigación que consiste sólo en observar los lugares, señales y pruebas del hierro recuperado. Esa fue una decisión de la fiscalía, explicó. La Junta Cívica de Chone insiste en que Bravo está involucrado en el caso y deben llamarlo a investigación. Bravo permanece en Quito y asegura que no tiene nada que ver.