Esto equivale a que exista un desinterés y en algunos casos hasta temor por los inversionistas por venir a invertir sus capitales en países como el nuestro donde reina la inseguridad jurídica. Si bien es cierto que a través de esta ley de incentivo tributario, decretada  por el Congreso Nacional, se logrará en algo estimular la inversión tanto privada como extrajera, no quedará resuelto el verdadero problema por el cual los inversionistas no recurren a invertir en países como el nuestro, donde existen pocas garantías legales y en donde inclusive las constitucionales son violentadas de acuerdo a los intereses de ciertos grupos de poder, donde además no existe una visión de país y peor aún donde tenemos continuos golpes de Estado que han contribuido a la mala imagen que tenemos como país a nivel internacional. Esta Ley tiene como fin fundamental estimular la economía interna por medio de la inversión extrajera a través de incentivos tributarios en forma temporal, además de la exoneración en el pago de derechos arancelarios, para aquellas empresas tanto locales como extranjeras que estén dispuestas a invertir en el país. Pero hay que ser muy cuidadosos para no confundir incentivos tributarios a becas tributarias temporales, que es lo que verdaderamente incita esta ley, lo que en primera instancia crearía una verdadera y preocupante competencia desleal entre aquellas empresas que se verán beneficiadas con esta ley, convirtiéndose  en  más competitivas por su reducción de gasto por concepto de tributos y con las que no estarán socorridas por esta ley, las cuales tendrán obligatoriamente que seguir pagando sus respectivos tributos, atacando, a la vez, uno de los principios consagrado en la Constitución que es el principio de igualdad. Además, de incitar la falta de sentimiento patrio para aquellos empresarios que, por la necesidad de verse favorecido por esta ley, liquidaran sus empresas para volverlas a constituir, y de esta forma no pagar impuesto como lo promulga esta ley, lo que agudizaría la crisis económica que atraviesa el Estado ecuatoriano. Es importante considerar siempre los pro que pueda tener una  ley en general, pero hay que ser mucho más meticuloso en analizar los contra que pueden derivarse con esta ley, los cuales pueden ser mucho menos beneficiosos a largo plazo para los verdaderos intereses del país. Además que como nación no podemos seguir auto engañándonos, a sabiendas que la falta de incentivo por los inversionistas privados no es por la paga de tributos, sino por las pocas garantías legales y constitucionales, sin dejar a lado, por su puesto, nuestra ya clásica y cada vez más incontrolable corrupción.