Actualizado hace: 26 minutos
Consulta Popular
Corte Constitucional sede de debate entre oposición y gobierno

El Gobierno y la oposición confrontaron ayer sus justificaciones, alegatos y temores sobre la consulta popular impulsada por el presidente , Rafael Correa.

Viernes 28 Enero 2011 | 09:31

En una maratoniana jornada en la Corte Constitucional, un medio centenar de personas de distintas organizaciones, instituciones y a título personal, presentaron sus argumentos.
En audiencias públicas seguidas, políticos, activistas, taurinos, antitaurinos, empresarios, banqueros, indígenas, sindicalistas y el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, en representación de Correa, desfilaron en la Corte Constitucional, encargada de calificar las preguntas de la consulta.
Los jueces constitucionales Nina Pacari y Roberto Bhrunis encabezaron las audiencias, para recoger el criterio de los comparecientes.
Pacari y Bhrunis fueron designados por la Corte para que estudien las diez preguntas que se incluyen en la propuesta de consulta impulsada por el Ejecutivo.
Pacari se encarga del estudio de las cinco preguntas que implican una enmienda constitucional, mientras que Bhrunis se ocupa del resto del cuestionario, que conlleva cambios en la normativa pero no en la Carta Magna.
La jornada ha sido sazonada también con la presencia, en las afueras de la sede de la Corte, de varios grupos sociales que no se cansaron de corear consignas a favor y en contra de la consulta.
El primero en ser recibido en audiencia fue el director nacional del Movimiento Popular Democrático (MPD), Luis Villacís, antiguo aliado de Correa y ahora en la oposición, quien pidió que se declaren inconstitucionales las preguntas por considerar que restringen derechos fundamentales de los ciudadanos.
La acalorada intervención de Villacís fue seguida con atención por el secretario jurídico de la Presidencia, quien fue el último en intervenir.
También la asambleísta Betty Amores, que esta semana abandonó el movimiento oficialista Alianza País, lanzó críticas a la pregunta sobre la reestructuración de la función judicial pues, a su criterio, "violenta el principio de independencia de la función judicial" contemplado en la Constitución.Una de las comparecencias esperadas era la del presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Blasco Peñaherrera, contrario a la consulta, pero que ante la jueza Pacari no pudo exponer su posición, porque llegó tarde.
En medio del fragor de las intervenciones, el secretario jurídico de la Presidencia aprovechó un corto receso para informar a la prensa que el Ejecutivo no retirará ninguna de las preguntas planteadas.
También acudieron a las audiencias taurinos y antitaurinos ya que una de las preguntas reza: "Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?".Carlos Solines, presidente de la Federación Ferias Taurinas, dijo a Efe que Correa "no puede elevar a consulta popular" este asunto, pues "no es un tema de transcendencia e importancia nacional" y porque es algo que compete a los municipios.
Por contra, Felipe Ogaz, dirigente del grupo ciudadano Diabluma, opuesto a las corridas de toros, calificó de "salvajes" a este tipo de festejos y rebatió que ellos generan empleo; según él habría más trabajo si esas inversiones se dedicaran a los conciertos.
Ya casi al finalizar la jornada le llegó el turno al expresidente de la Asamblea Constituyente y antiguo aliado de Correa, Alberto Acosta, quien defendió a la actual Carta Magna de las enmiendas de Correa.
"Está bien que nos consulten, pero que no nos consulten para violar la Constitución", remarcó Acosta quien, sin embargo, justificó el derecho que le asiste a Correa para convocar al pueblo a consulta.
Alexis Mera fue el último en comparecer con una intervención que duró algo más de una hora, defendió la consulta y replicó a las decenas de detractores.
El secretario negó que la consulta vulnere acuerdos y pactos internacionales, que lesione derechos ciudadanos y que busque controlar las cortes de justicia, como escuchó a sus adversarios.

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