Durante su comparecencia a la Corte Constitucional, que califica el cuestionario de la consulta, Acosta defendió la actual Carta Magna, impulsada por el propio Gobierno y que ahora pretende enmendar algunos de sus artículos.

Acosta, que presidió la Asamblea Constituyente que elaboró la actual Carta Magna, recordó que esta constitución del Estado fue aprobada en 2008 por más del 60 por ciento de la población en un referendo.

Por ello defendió el texto constitucional y reiteró que algunas de las preguntas sugeridas por Correa para la consulta popular podrían violar el contenido de la ley suprema.

No obstante, Acosta justificó el hecho de que Correa pueda llamar a una consulta popular, como lo establece la Carta Magna.

También se declaró partidario de una de las preguntas que prohíbe a los banqueros tener otro tipo de negocios, como medios de comunicación, porque, a su criterio, ello crea un conflicto de intereses.

"Los banqueros tienen que ser banqueros y nada más" que eso, apostilló Acosta, pero criticó otras preguntas, sobre todo las que apuntan a reformas sobre el sistema de Justicia.

Esas enmiendas planteadas en la consulta son "gravísimas", porque "rompe el principio de independencia de las funciones del Estado", señaló Acosta, que también fue aliado de Correa e incluso su ministro de Energía en 2007.

Criticó, además, que una de las justificaciones para convocar a la consulta popular es el combate a la inseguridad en el país, pues dijo que ello supone que el Gobierno ha fracasado en su lucha contra la delincuencia.

Asimismo, indicó que el respeto a los derechos es un elemento clave de la Constitución de 2008, por lo que criticó que unas reformas planteadas en la consulta apunten a endurecer los criterios sobre la prisión preventiva de los sospechosos.

"Incrementar las medidas de represión para combatir la inseguridad no funciona", remarcó Acosta, que propuso "sancionar a los operadores de justicia que no cumplan con los plazos para dictar sentencias".

Criticó que el Gobierno pretenda reorganizar el Consejo de la Judicatura, porque ello lesionaría el principio de la independencia de funciones.

Según Acosta, la consulta popular también debería contener preguntas "de fondo" sobre "el tema de tierras", que ha cobrado notoriedad en las últimas semanas por los desalojos ordenados por el Gobierno contra personas que han invadido terrenos de forma ilegal para establecer sus viviendas.

También pidió que se pregunte por la ley del agua y de la minería a gran escala, que ha enfrentado al Gobierno con grupos ambientalistas e indígenas que se oponen a ese tipo de actividad.

"Está bien que nos consulten, pero que no nos consulten para violar la Constitución" en vigor, concluyó Acosta.