Durante su intervención en una audiencia pública en la Corte Constitucional, Cevallos remarcó la importancia del respeto a la autonomía de las funciones del Estado para un correcto funcionamiento de la democracia.
"No buscamos controversia de ninguna manera", dijo Cevallos al iniciar su intervención, en la que puntualizó que en este caso no está en discusión si la función Judicial funciona bien o mal sino si las preguntas planteadas están dentro del marco jurídico.
Indicó que en manos de la Corte Constitucional, encargada de analizar la legalidad de esas preguntas, está ahora el determinar si "la justicia ha muerto o sigue con libertad".
Para Cevallos, no son constitucionales las preguntas 4 y 5 de la consulta planteada y, además, expresó su duda de que los ciudadanos puedan pronunciarse "adecuadamente" por tratarse "de temas jurídicos especializados".
Añadió que los inconvenientes que enfrenta la administración de la justicia son múltiples "y no se ven reflejados en las preguntas de la consulta".
"La falta de una eficiente administración de justicia se debe a la carencia de recursos materiales y humanos, por tanto, es responsabilidad de los poderes centrales proveer de medios económicos si es que se pretende verdaderamente mejorar la administración de la justicia", apuntó.
Una de las preguntas conlleva la reestructuración del Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de la gestión del sistema judicial.
Del cuestionario planteado por el Ejecutivo, la magistrada Nina Pacari se encarga del estudio de las cinco preguntas que implican una enmienda constitucional, mientras el magistrado Roberto Bhrunis se ocupa de las que acarrean cambios en la normativa pero no en la Carta Magna.
Las cinco preguntas que conllevan un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Las otras cuestiones plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, así como la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros.
El plebiscito propone, por último, la creación de un Consejo de Regulación para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios.