Es loable que se busque la inserción de la mujer en todas las actividades productivas pero hay que cuidar que el remedio no resulte peor que la enfermedad.
Se estima que ese cinco por ciento representa 6.000 plazas de trabajo para las mujeres. Seguramente muchas damas tendrán una excelente actitud y aptitud para ser choferes profesionales; pero muchas otras, por la necesidad de obtener un empleo y por la obligación que hoy tienen las empresas de transporte de contratarlas, se meterán al oficio sin que realmente sea lo suyo, sin vocación y acrecentando en riesgo la vida de personas en las vías. Y seguramente lo mismo pasa con muchos caballeros que conducen profesionalmente sin estar preparados.
Incluir a las mujeres en diversas actividades por la fuerza de la ley no es lo apropiado. Su inclusión debe darse impidiendo la discriminación para que ellas tengan acceso a educación y preparación adecuadas para que participen en igualdad de condiciones que los hombres.
Con esta disposición de la Ley de Tránsito habría compañías de transporte que contraten a mujeres para cumplir la ley a pesar de que alguna de ellas pudiera tener un rendimiento inferior a algún hombre tras el volante; en este escenario ese hombre quedará discriminado.
Otra vez se crea una ley que busca eliminar la discriminación de la mujer, función que debería cumplir un sistema judicial que siempre queda debiendo.