En Ecuador, “al menos una docena de participantes en protestas y manifestaciones han sido perseguidos o investigados por acusaciones excesivas de terrorismo”, indicó HRW en su informe mundial anual, publicado ayer.

La ONG internacional cita tres casos concretos. El primero es el de Marlon Santi, dirigente de la mayor organización indígena (Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie), investigado desde junio del 2010 por terrorismo junto con otros dos líderes, tras una manifestación que perturbó una reunión entre el presidente Rafael Correa y sus homólogos de Bolivia y Venezuela, Evo Morales y Hugo Chávez.

El segundo caso, según HRW, es el de Pepe Acacho, líder indígena, acusado de sabotaje y terrorismo tras violentas protestas en el 2009, que se saldaron con un muerto.

También citan el caso del reportero Juan Alcívar, del periódico La Hora, acusado por dos empleados municipales de haber lanzado gases lacrimógenos al presidente Correa durante una manifestación, lo que el reportero niega.

En este campo, HRW recalca la penalización en Ecuador del llamado “desacato”, que permite condenar a quienes ofenden a un funcionario público a una pena de tres meses de cárcel, que puede extenderse hasta dos años si el funcionario es el Presidente.

HRW expresa además su preocupación ante una ley sobre las comunicaciones que aún debe ser votada por la Asamblea y podría permitir “censura previa” de la prensa al limitar la libertad de expresión a la divulgación de informaciones “verídicas, verificadas, oportunas, contextualizadas y plurales”.

El informe también destaca declaraciones del presidente Rafael Correa sobre amenazas de expulsión a ONG que se metan en política, y subraya la “muy extendida impunidad” en que se encuentran los “abusos policiales”.