El presidente ecuatoriano Rafael Correa se parece cada día más a su vecino Hugo Chávez. Culpa a los demás poderes del Estado por la corrupción, la inseguridad y la impunidad rampantes, sólo para pedir al pueblo que le extienda poderes extraordinarios para combatirlas.

Esta semana Correa propuso una consulta popular, a la que vende como mecanismo de “democracia directa”, pero que no es más que la manipulación del ciudadano para obtener una licencia que le permitiría limitar la acción del Congreso, controlar al Poder Judicial y censurar a los medios de comunicación. Busca por referendo popular lo mismo que Chávez logró mediante una ley que lo habilitó para gobernar por decreto, de espaldas a las demás instituciones.
Bajo el argumento de que “el pueblo es el único soberano”, Correa propuso un referendo de 10 preguntas que la Corte Constitucional debe autorizar. De ganar el SÍ, el Poder Ejecutivo administrará un consejo regulador que por 18 meses podrá reestructurar el Poder Judicial y nombrar jueces; otro ente que controlará la propiedad de la banca y de los medios de comunicación y hasta podrá censurar los contenidos que considere violentos y discriminatorios; y se entrometerá con ordenanzas municipales sobre juegos de azar y espectáculos públicos.
Aprovechándose de una popularidad que sobrepasa el 75%, Correa valora la participación directa del ciudadano mediante el voto, por sobre la representatividad ciudadana que está en los miembros del Congreso para debatir y hacer leyes. Se trata de la fórmula engañosa del populismo, que adula y corteja a las mayorías, mientras desprecia a las minorías.
La forma en cómo Correa está planteado el referendo no parece una consulta sino más bien una campaña por el SÍ, con preguntas que inducen respuestas deseadas. Pero el mayor problema no es como están planteadas las preguntas, sino en que la experiencia indica que Correa invertirá millones de dólares en propaganda para conseguir las respuestas con las que accederá a poderes extraordinarios.
Con todo esto, no trato de invalidar los referendos. Son válidos y necesarios para una democracia. Pero existe un profundo conflicto de interés cuando los plantea la parte interesada; el gobierno en este caso. A éste le corresponde incentivar su práctica y administrarlos, pero los temas deben surgir de la sociedad civil, previo debate y campañas educativas promovidas por las autoridades en las que se expresen puntos de vista diversos y plurales para que la gente vote a conciencia. Y en una consulta con preguntas abiertas, por supuesto, no inducidas.
El posible referendo desenmascara a un Correa populista y demagogo, que como Chávez, adula a las mayorías. Claro; sólo mientras le favorecen.