En esto último hay expectativa ciudadana sobre las modalidades y mecanismos a utilizarse para conciliar toda la información que reposa en los catastros de los municipios, con la existente en las actuales oficinas de Registro de la Propiedad, conociendo que muchas veces no son coincidentes por diversos motivos y razones, de lo que se han originado largas contiendas legales en los respectivos juzgados civiles, sin olvidar las incidencias hasta penales en que han degenerado los famosos “líos de tierra”.
Hay que cuidar que la incidencia política partidista que prima en los cabildos de cada cantón no influya en el manejo y veracidad de los datos que  ahora dependerán de dichas entidades; así también, la exactitud en los resultados dependerá de la transición y transmisión de la importante información de las actuales oficinas a los sistemas documentales e informáticos que usarán los municipios; sistemas que sería ideal fuesen unificados en todo el país, como ocurre con los que actualmente utiliza el Registro Civil.
La ciudadanía espera que esta mutación de operadores le dé la seguridad y agilidad que se logró en dependencias de las dos mayores ciudades ecuatorianas, en el registro y otorgamiento de certificaciones de tan importante información de personas,  actos y bienes.