De acuerdo con el nuevo modelo de contrato, las empresas pasan a ser prestadoras de servicios y a recibir una tarifa fija por ello, mientras que el dueño legal del petróleo es el Estado.

De esta forma toda subida del valor del crudo redundará en beneficio del Gobierno, cuyo objetivo con todo el proceso era recaudar más y obligar a las compañías a elevar la inversión.

Algunas empresas, como la hispano-argentina Repsol-YPF tuvieron que ser convencidas en el último minuto, con concesiones como una extensión de los contratos.

Al final, el Gobierno ha cantado victoria, pese a la salida de las siete compañías.

Empresas estatales se han hecho cargo de las operaciones de los yacimientos importantes que ellas han dejado, mientras que el Gobierno licitará los bloques de baja producción, que no le interesa explotar directamente, explicó Pástor.

El ministro informó hoy del resultado de la segunda parte de las negociaciones, realizada con las empresas privadas que contaban con campos marginales, es decir, los que producen menos de 5.000 barriles por día y están alejados de la infraestructura petrolera principal.

El domingo, cuando se vencía el plazo de las conversaciones, el Gobierno firmó los nuevos contratos con cinco de ellas: la hispano-argentina Repsol, la brasileña Petrobell, las argentinos Petrosud-Petroriva y Tecpecuador, y el colombiano Consorcio Pegaso, dijo hoy Pástor.

No logró un acuerdo con el consorcio ecuatoriano-colombiano Gran Colombia, el ecuatoriano-venezolano Petróleo Amazónico y la estadounidense Bellwether, principalmente porque exigían tarifas muy altas por sus servicios, según el ministro.

De los cuatro campos que esas tres empresas operaban, el de Pocuna, del Consorcio Petrolero Amazónico, era el único en producción, y "pasó esta mañana a manos de Petroproducción", una empresa estatal, señaló el ministro. Los otros pozos eran exploratorios.

El Gobierno encargará a peritos estimar el valor de los activos de las tres para proceder a su compensación, mientras que las cinco empresas que permanecerán en el país invertirán 180 millones de dólares durante el período de vigencia de los nuevos contratos.

Algunas de las compañías aceptaron una reducción de sus ganancias como parte del acuerdo, pero para otras la tarifa que reciben por barril subió.

Pástor dijo que aún así los términos son más convenientes para el Estado, porque esas empresas se han comprometido a invertir más y a elevar la producción.

En media, las empresas privadas que operan en Ecuador recibirán dos dólares menos por barril bombeado, lo que significará un aumento de los ingresos del Estado de más de 2.100 millones de dólares, medido en valor presente neto, durante toda la vigencia de los contratos y a un precio de 78 dólares por barril de crudo, explicó Pástor.

Asimismo, las compañías, tanto las que operan campos marginales como los principales, se han comprometido a realizar inversiones por valor de casi 1.400 millones de dólares, según el Ministerio.

En noviembre el Gobierno había cerrado los convenios sobre los yacimientos de alta producción.

Entonces las compañías chinas Andes Petroleum y Petroriental, la chilena ENAP, la hispano-argentina Repsol YPF y la italiana Agip aceptaron quedarse, mientras que decidieron irse la brasileña Petrobras, la coreana Canada Grande, la estadounidense EDC y la china CNPC.

Pástor dijo hoy que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con EDC para la compensación por sus activos, mientras que siguen las negociaciones con las otras compañías.