Sixto León, portavoz de la Coordinadora de Juntas Parroquiales de Intag, indicó a EFE que los supuestos paramilitares “fueron entregados a la Policía, mientras que las armas que se les decomisaron, están en custodia del Municipio del cantón Cotacachi”, al que pertenecen todos esos poblados. “Los paramilitares han sido detenidos y llevados a los calabozos de la Policía en Ibarra”, la capital de Imbabura, donde se investiga la presunta “invasión armada a territorios de la comunidad de Intag”, precisó León. La liberación de los retenidos se debió concretar el pasado miércoles, pero colonos de un poblado cercano, García Moreno, aliados a la minera, frustraron ese intento, tras obstaculizar la vía de acceso a Junín. Los partidarios de la minera consideran que Ascendant Copper supone, para ellos, una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y acusan a los indígenas de estar azuzados por grupos ecologistas. León recordó que la zona de Intag se encuentra en la denominada cordillera de Toizán, que pertenece a la reserva ecológica otacachi-Cayapas, una región protegida por el Estado. La Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador pidió el viernes a Ascendant Copper que detenga sus actividades mineras, mientras se efectúa un estudio sobre impacto medioambiental, aunque León aseguró que hoy, esa misma dependencia, ordenó la suspensión total. Las comunidades indígenas de Intag exigen que se derogue la concesión a la minera canadiense, pues estudios medioambientales advierten de una posible catástrofe ecológica en esa zona. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL La minería podría contaminar la cuenca hidrográfica, además de unas 200.000 hectáreas en la cordillera de Toizán, lo que significaría una catástrofe ecológica.