Esta institución manabita no puede tener el tratamiento que se le está dando por parte de las autoridades del transporte nacional. Su aporte y su rol en la creación de trabajo a decenas de ciudadanos que conforman su entorno, su cuidado en la renovación de sus automotores, su mantenimiento adecuado y comodidades prestadas a los usuarios es siempre apreciado y preferido.
Un hecho desgraciado ocurrido con una de sus unidades el pasado mes de diciembre, que enlutó a muchas familias manabitas y que nos causó mucho dolor y tristeza, no puede ser motivo para querer borrarla del mapa vial del Ecuador.
Se debió seguir un tratamiento especial para establecer las responsabilidades que, según mi criterio, son compartidas no solamente por el conductor de la unidad y su dueño, que pagaron con sus vidas sus imprevisiones, sino también con las autoridades de control y de tránsito.
Toda persona natural y jurídica en derecho debe ser tratada y juzgada con todas las garantías que demanda el debido proceso instaurado en su contra, lo que no ha ocurrido en este caso, sino que de un solo plumazo administrativamente le arrebatan el derecho a surcar por nuestras carreteras.
El primer ciudadano ecuatoriano llamado mandatario o presidente tiene que escuchar a sus mandantes, que somos la ciudadanía, que lo elegimos para que gobierne el país, pero democráticamente y con respeto a las leyes.
Aspiro como simple ciudadano a que el Sr. Presidente rectifique y devuelva la autorización para que trabaje Reina del Camino y continúe sirviendo a la colectividad nacional.