El mandatario acudió personalmente a la sede de la Corte Constitucional y puso en manos de su presidente, Patricio Pazmiño, un sobre cerrado con el texto de las 10 preguntas.

El tribunal tiene 45 días para analizar si éstas son apropiadas y determinar el proceso para las reformas que plantean.

"Podemos, debemos tener una democracia mucho más directa", dijo Correa en el acto.

El mandatario anunció a finales de año la idea de la consulta popular como una respuesta a la alarma social en torno a la criminalidad y los asesinatos por parte de sicarios.

La semana pasada, por ejemplo, perecieron dos policías en Guayaquil y el presidente de un equipo de fútbol de segunda división, que fue acribillado en un restaurante.

De aprobarse el cuestionario, los ecuatorianos decidirán si endurecen las medidas penales, evitando que los detenidos sean puestos en libertad cuando se cumple el plazo máximo de prisión preventiva.

La consulta también propone que los jueces sólo puedan dictar medidas alternativas a la prisión preventiva para delitos menores.

El Gobierno quiere asimismo que los más de 10 millones de votantes aprueben la reestructuración del sistema judicial, incluido el Consejo de la Judicatura, su máximo órgano.

Correa también aprovechó la iniciativa para incluir preguntas que nada tienen que ver con la seguridad y, de hecho, la presentación de las cuestiones se atrasó una semana porque sus asesores quisieron llevar al pueblo una multitud de temas, que al final el Gobierno redujo a diez.

Después de haber obligado el año pasado a los banqueros a vender todas sus acciones en los medios de comunicación, en cumplimiento de una cláusula de la Constitución de 2008, que el Gobierno impulsó, ahora el mandatario quiere que se les impida tener acciones en cualquier negocio ajeno al sistema financiero.