Todo negocio debe tener, por lo menos en teoría, una función social. Reina del Camino tuvo, hasta que se decretó su cierre, un programa mediante el cual llevaba gratis de Portoviejo a Quito o Guayaquil, según el caso, a niños pobres acompañados por sus padres para que sean atendidos en varias casas asistenciales.

Hoy no está funcionando esa cooperativa y nos encontramos con una dolorosa realidad, quienes continúan en el negocio de la transportación pescan a río revuelto y además de subir los precios de los pasajes incumplen la ley, pues se denuncia que ninguna cooperativa extiende pasajes a menores de edad y personas de la tercera edad con el descuento contemplado en la norma legal. (Es utópico pensar que realicen una función social).
Todos los medios de comunicación que siguen el proceso de cierre de Reina del Camino constataron que las tarifas han sido elevadas en todos los destinos porque se siente la ausencia de una flota de más de 120 vehículos y lo que ahonda el problema es la completa falta de acción de las autoridades respectivas para hacer cumplir la ley que invocan.
Al margen de simpatías o del análisis de la acción que afecta a Reina del Camino, su ausencia se siente. Miles de estudiantes ya no viajan a los centros de educación superior de Portoviejo o Manta en la noche, centenares de personas se quedan sin poder viajar por falta de unidades y sobre ellos pesa, además, el abuso de quienes siguen tratando con infamia a quien nada tiene que ver en el problema, sin darse cuenta que el público es a quien se deben para su propia subsistencia.
Y las autoridades de Tránsito nada hacen para velar por quienes son sujetos de tanta agresión. <