Durante su rendición de cuentas sabatina por radio y televisión, en esta ocasión desde Machala, El Oro, Correa explicó que entre sus atribuciones constitucionales puede proponer una consulta popular.
En ese sentido realizó la precisión técnica de que "si la consulta busca enmendar la Constitución o leyes, cambiar un artículo por otro, se llama referéndum, y si sólo es una consulta sobre temas generales pero sin una reforma precisa, legal o constitucional, se llama consulta popular... entonces, vamos a tener referéndum y una consulta popular".
Correa, en torno del retraso de una semana en la presentación de las preguntas, explicó que cometió el error de intentar aprovechar la consulta para corregir disposiciones de la Constitución, aprobada en 2008 a iniciativa del Gobierno.
"Un error es que había muchas preguntas. Se iba a distraer de lo principal", que es la reforma del sistema judicial, dijo el Presidente.
Otros aspectos que serán preguntados se refieren a seguridad ciudadana, caducidad de prisión preventiva, medidas cautelares preventivas. "Es algo urgente, no aguanta más", sentenció.
Asimismo, Correa aspira tener toda la colaboración de parte del presidente y los vocales de la Corte Constitucional y luego de una resolución positiva pase al Consejo Nacional Electoral para que organice el proceso electoral", cuyo costo se estima en 28 millones de dólares.
"Ojalá tengamos un sí rotundo", enfatizó.

 CRÍTICA. Lo que Correa plantea en la consulta contraviene a la Constitución, dijo Roosevelt Cedeño, constitucionalista manabita.
Es que señala que las reformas planteadas no tienen asidero y “si la Corte Constitucional quiere demostrarle al mundo del Derecho Latinoamericano que hace bien las cosas, debe declarar inconstitucional lo propuesto en la consulta respecto a la restructuración de la Función Judicial, las reformas penales, la caducidad de la prisión preventiva”, expuso; además, se refirió a que una decisión mediante plebiscito en cuanto a la Ley de Comunicación afecta a la libertad de expresión.
Respecto a que el Ejecutivo pretende “meter mano” en la Función Judicial, indicó Cedeño que sería un retroceso al respeto de una república, “sería una opereta donde se tendría una Constitución por gusto”.
Es más, tomarse el nombre del pueblo también implica aplicar después acciones improcedentes, como lo hizo Adolfo Hitler por ejemplo.
“Tener una justicia imparcial es parte de la tutela judicial efectiva, lo que garantiza la Constitución en el artículo 75; entonces, si una función del Estado “mete mano” en otra, esa imparcialidad sucumbe”, manifestó.
En resumen, entrevió que los derechos ciudadanos quedan vulnerables ante una justicia sometida políticamente por el Gobierno.
Recordó que que sí ahora hay jueces que no toman decisiones en litigios contra el Estado, ¿cómo será la justicia en manos del Ejecutivo?, se preguntó.
Asimismo, Cedeño enfatizó en que el artículo 84 de la Constitución señala que “en ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos de poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.