Los manabitas han recibido con indignación la resolución de la Comisión Nacional de Tránsito (CNTTTSV) que decidió revocar de manera definitiva el permiso de operaciones de la Cooperativa Reina del Camino.

Es increíble que en los actuales momentos, cuando se supone que vivimos en un estado de “derecho”, se sigan imponiendo órdenes y sanciones nacidas de la ira, resentimientos, intereses o proyecciones políticas. Lo resuelto atenta elementales principios procesales y garantías constitucionales.
Desde la óptica jurídica no existe ley que tipifique como pena la suspensión o clausura, o la cancelación de las frecuencias. En materia punitiva prevalece el principio de Legalidad, que prohíbe tipificar una conducta como infracción y mucho menos sancionarla si no existe previamente tipificación que así lo establezca. Se viola la Constitución en su artículo 76, numeral 7 literal l), que ordena que “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas”, lo que no se ha dado en este caso, puesto que nadie conoce a ciencia cierta la base legal para imponer la sanción.
De ahí que Ricardo Antón, Director de la CNTTTSV, afirme que “la revocatoria se basó, principalmente, en el hecho de que el chofer que conducía el bus y que falleció en el accidente no tenía licencia de conducir, a sabiendas de la cooperativa; a ello sumó la trascendencia de la tragedia por el número de muertos y heridos, del mal estado del bus y el hecho de que el conductor tenía una licencia y cédula falsas”, es decir ninguna fundamentación legal.
Se percibe como estrategia política imponer esta multa para dejar sentada la imagen de un gobierno sancionador a los actos que causen gran conmoción social, a pesar que la ley no los ampare. Si el gobierno quería que rueden cabezas debió empezar casa adentro, porque las falencias inician en la Dirección Nacional de Tránsito con deficientes inspecciones a los vehículos y en la Policía Nacional en los controles en las carreteras.
Averigüe, señor Presidente y señor Director de la CNTTTSV, el número de expediente de matriculación del bus causante de esta tragedia y quien dio el visto bueno al vehículo, y de quienes estuvieron en los diferentes controles policiales desde Quito hasta el lugar del accidente, quienes debieron notar el exceso de pasajeros y permitieron que continúe la trayectoria del bus.
Es reprochable la pasividad de los directivos de Reina del Camino, que no iniciaron acciones en defensa de sus derechos y de los cientos de empleados que dependen de ella, probablemente por esperar llegar a un acuerdo con el gobierno que nunca llegó.
Sería inhumano negar el tremendo impacto de este accidente y absurdo justificar la responsabilidad del conductor, sin embargo llegar al extremo de sancionar sin fundamento legal ahonda la inseguridad jurídica de este país y nos pone una vez más en la vitrina de lo injusto y lo absurdo.