El Presidente de la República ha decidido convocar a consulta popular para preguntarle al pueblo sobre varios tópicos vinculados con la seguridad interna, los medios de comunicación, la explotación petrolera, las reformas penales, la administración de justicia, entre otras, según se dice, puesto que hasta redactar este artículo no se conoce oficialmente el texto presentado en la Corte Constitucional.

No me queda la menor duda que el tema más controvertido de la futura consulta será la reorganización de la Administración de Justicia, por cuanto la idea del Presidente es que el famoso quinto Poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya no deberá designar al Consejo de la Judicatura conforme lo señala la Constitución de Montecristi, sino que será conformado por un Representante del Ejecutivo, otro Representante del Legislativo y el último por parte del Poder Judicial.
Si gana la consulta esta comisión tripartita será la encargada de nombrar los jueces, desde la Corte Nacional de Justicia hasta los Jueces Multicompetentes, quitándole entonces a ese Consejo de la Judicatura dicha responsabilidad, que actualmente la señala el artículo 181 de la Constitución.
El Presidente al hacer esta propuesta está consciente que el sistema de designación de autoridades que se implantó en la nueva Constitución falló; que no resultó positivo para su proyecto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; que tampoco sirven las Comisiones Ciudadanas de Selección, las que también pide eliminarlas, por lo cual propone esta comisión, que es muy ágil y que puede resultar mejor.
¿Pero puede resultar mejor esta comisión tripartita, si todos los ecuatorianos sabemos que el Representante del Ejecutivo lo designa él; el Representante del Legislativo lo solicita él y el Representante del Poder Judicial puede ser cualquiera, puesto que ya tendría dos de tres, con lo cual hace mayoría para poder designar a los jueces.
El Poder Judicial lo que más necesita para ser eficiente en el servicio público de la justicia es la independencia, autonomía, libertad, para poder resolver sin presión las causas que conocen, pero si los jueces son designados por afectos, partidismo, etc., retrocederemos, y el famoso dominio de la justicia por la partidocracia resucitará.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quedará sin peso y sin piso, con pena, con despecho, con desdén o con furor, no lo sé, lo cierto es que la acaban de desnaturalizar por parte del propio Presidente de la República.
Todos estamos conscientes del grave problema que atraviesa la  administración de justicia, su lentitud y la del Consejo de la Judicatura en sancionar a los jueces frente a las denuncias probadas, por lo tanto es necesario ponderar si la pérdida de la independencia o autonomía de la Función como se plantea por parte de la Presidencia de la  República, es mejor que esa lentitud existente.