Las denuncias del asambleísta Andrés Páez y el informe de Contraloría sobre los dineros que manejó la Asamblea Constituyente de Montecristi están desatando agria polémica.

El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, se ha incomodado por ciertas afirmaciones que constan en el informe de Contraloría y la publicidad  que ha recogido  la prensa  sobre el informe. En tono alto sostiene que se ha violado el debido proceso (El Comercio 2- 01- 2.011).
Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente  de Montecristi , aludido  por el Presidente  de la Asamblea  Nacional, ha respondido  que él  no elude  responsabilidades; que está bien que la prensa haya difundido  el informe, que prefiere la transparencia al debido  proceso (El Comercio 3- 01- 2.0011).
La transparencia no se opone  al debido  proceso. La transparencia es el soporte del debido  proceso. Ambos  procedimientos buscan  la verdad, que se respeten los derechos humanos para que impere la justicia y la paz. Lo que acontece es que a veces se invoca al debido proceso para aplicar el recurso de la gaveta, para que la causa duerma y cuando se despierta por los reclamos que se hace por la prensa vienen las protestas.
El flamante ministro del interior (Gobierno) claramente ha dicho que la ciudadanía debe presentar  denuncia para perseguir a los delincuentes. Pero la gente tiene  temor  por las represalias. Con frecuencia el hombre de la calle quiere poner sus reclamos a las altas autoridades, llámense presidentes de Corte, ministros o alcaldes, pero si no tienen  padrinos de la nueva era eso es imposible. Por eso la transparencia se aleja del debido proceso.
Si los operadores de Justicia y todos  los que manejan bienes  públicos tuvieren presente lo que manda  el art. 83, Nº 8, de la Constitución, en el cual se lee: “Administrar honradamente y con apego  irrestricto  a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir  los actos de corrupción”; y los señores  jueces  de todo  nivel: Corte Constitucional, Nacional o provinciales, y al mismo tiempo aplicaran el art. 426 de la Constitución que dispone  que las juezas, jueces, autoridades... aplicarán las normas constitucionales aunque  las partes  no las invoquen, la transparencia y el debido proceso  marcharían juntos y defenderían la justicia. <