Los Gobiernos Locales (incluidas las Juntas Parroquiales Rurales) convirtieron al presupuesto en una “verdadera caja negra”, repetida metáfora utilizada por los brasileños, en la que nadie sabe de dónde proceden los recursos, cuánta plata hay, cómo se reparte y cómo se controla su ejecución.

Ahora mismo, para el ejercicio del 2011, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) han seguido procedimientos “a la antigua” y sin consultar con los mandantes y, han hecho del presupuesto, “la joya de corona” que hoy por hoy es necesario conocerlo, desmitificarlo y pulverizarlo. Esto, porque la “revolución ciudadana” nos presiona a ejercitar la democracia participativa. Por lo que, para tener consecuencia con las “reglas de juego”, cabe entrar en un proceso de reversión.
El cambio se vuelve imperativo, porque están legislados los “presupuestos participativos” cuya práctica obliga en especial: la Constitución (Art. 85,95 y 100), Ley de Participación Ciudadana (Art. 68 y 71),  Código de Ordenamiento Territorial –COOTAD- (215, 241, 242 y 304) y el Código de Planificación y Finanzas Públicas –CPFP- (Art. 8).
El ejercicio de las normativas establecidas están diseñadas para:
• Cambiar la cultura política local, pasando de una fracasada democracia representativa formal a una participativa;
• De una gestión pública vertical, a una horizontalizada;
• De un reparto inequitativo de los recursos a uno equitativo, que invierta en los sectores más necesitados y aquellos estratégicos para el desarrollo sostenible;
• De una gestión impenetrable, cerrada y muda, a una transparente, limpia, visible y comunicativa;
• De un reparto por cuotas, compromisos y cálculos politiqueros a uno apegado a criterios técnicos y en consensos ciudadanos;
• De una gestión lenta, burocrática y derrochadora, a una ágil, proactiva y eficiente;
• De una gestión improvisada y no coordinada, a una planificada, complementaria y armónica.
Al tenor del CPFP (Art. 46) y del COOTAD (Art. 54 lit d. y 64 lit. c) los GAD deben establecer  “sistemas de participación ciudadana“. Por lo que, bien harían en discutir y aprobar las correspondientes ordenanzas (municipios) y resoluciones (juntas parroquiales) a efectos de normar las representaciones ciudadanas y los procedimientos conducentes no sólo a normar los presupuestos, sino la formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PEDOTs), los Planes de Inversión (POA), la rendición de cuentas…
Las metodologías participativas a construirse se constituirán en herramientas que contribuirán a alcanzar el “objetivo mayor” que facilite la gobernabilidad, la integración, la cohesión social y el desarrollo.