Los 57 retenidos, 34 ex militares y 23 civiles, están recluidos en la iglesia de Junín, donde les llevaron los habitantes del poblado tras requisarles 16 revólveres de calibre 38, cuando realizaban labores para la minera canadiense, que pretende explotar un yacimiento de cobre en el área. Uno de los retenidos, el subteniente retirado del Ejército, Edwin Navarrete, manifestó que no son paramilitares ni sicarios, solo ex miembros de las Fuerzas Armadas que fueron contratados por una empresa agrícola filial de la minera, “para hacer un campamento y un helipuerto”. “Nos retuvieron cuando estábamos trabajando el lunes, a las 4 de la tarde, sin violencia”, agregó Navarrete, quien indicó que, hasta el momento, han sido tratados “con amabilidad”. Sin embargo, Polibio Pérez, presidente del Consejo de Desarrollo local, insistió en que “son paramilitares, pues estaban armados”, y exigió la presencia de Rodríguez para que garantice el retiro de la licencia a la minera. Pérez advirtió que la situación es “muy grave” y se podría producir un “conflicto violento”, si las autoridades no actúan, pues mientras los habitantes de Junín, en su mayoría indígenas, no quieren la actividad minera, los del poblado de García Moreno, donde hay mayoría de colonos, la defienden.