El nombramiento del arquitecto Alfredo Vera Arrata como ministro de Seguridad hecho por el presidente Correa, en plena época en que los efectos de la Ley de Servicio Público hasta la presente fecha no la digieren favorablemente miles de ciudadanos a quienes esta promulgación les afectó en sus establecidos y soñados intereses, y en otros casos por quienes casi que fueron sacados de ella a patadas y empujones por razones de cumplir la edad señalada como tope, constituye un verdadero espaldarazo a estos inconformes.

Pues este longevo ministro ha sido incorporado al servicio público sin contrariar realmente lo dispuesto por esta ley, pero contrastando con la indebida y brusca interpretación que le dieron muchos de los burócratas y tecnócratas que, ellos sí, por favorecer a sus intereses estigmatizaron a todo ciudadano que por cumplir setenta años o más fueron borrados al minuto del gran listado de burócratas que consume gran parte del presupuesto estatal, sin la menor consideración ni respeto por los años de servicios, y en muchos casos por el
inmenso servicio prestado a la entidad a la que él  le entregó casi toda su vida.
Aplausos esta vez para el presidente por este claro mensaje que traduce, como así lo interpretamos algunos, que está implementando cambios impuestos vía leyes: por un lado, las que generaron fuertes reacciones en la ciudadanía; y, de otra parte, por los contrastes con lo que visceralmente expresa en sus mensajes sabatinos frente a una condicionada y escogida  asistencia para nada deliberante, que todo aplaude y a rabiar en un aparente respaldo a todo lo hecho,  sin conocer realmente sus efectos y costo social.
Comportamiento y nombramiento  que, en este caso particular, hecho en este ciudadano setentón, como se dice en el argot popular “sin querer queriendo”  viene a confirmar  el fallo dictado por un juez del Guayas, que desconoce por inconstitucional ese contenido de la Ley de Servicio Público y dispone el reintegro de los servidores  en el área de la medicina que fueron echados y casi ultrajados, por el mero hecho de haber cumplido la aparentemente  fatídica edad de setenta años.
De su parte, también oportuna resulta, entonces, la demanda de Inconstitucionalidad de la parte pertinente de esta ley en el tema de la edad presentada por la Federación Nacional de Médicos y a conocimiento de la Corte Constitucional, pues, desechar esta pretensión y dejar vigente la guillotina, en primer lugar sería contradecir a Correa y, de otra parte, pondría al arquitecto Vera como una especie de verdadero superviviente de varias generaciones de servidores a quienes sí se les aplicó esta especie de eutanasia.