A pocos días de terminada la XX Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata, donde los líderes regionales firmaron una cláusula democrática para suspender a cualquier gobierno que amenace la alteración del orden institucional, el presidente Hugo Chávez desoyó la regla presentando varias propuestas de ley para gobernar sin Congreso ni prensa.

Faltaban sólo unas semanas para la incorporación a la Asamblea Legislativa de 67 diputados opositores, cuando Chávez, arropado en su típico oportunismo autoritario, pidió carta blanca para gobernar por decreto, amparándose en la crisis tras las inundaciones.
Los legisladores, en su mayoría oficialistas y serviles, ofrecieron a Chávez extender su auto disolución por dos años, uno más de lo que él había pedido. De concretarse, los venezolanos estarían frente a un autogolpe, ya que además del suicidio legislativo, se estaría irrespetando la voluntad popular de las elecciones de setiembre, cuando el 52% eligió una Asamblea más plural, que deberá asumir el 5 de enero.
Chávez necesita desequilibrar a los poderes del Estado y los contrapesos de la democracia para ejercer el autoritarismo. De ahí que con su “paquetazo” busca restringir a los medios con la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, mientras las adiciones a la Ley de Responsabilidad Social le sirven para censurar las informaciones y opiniones en Facebook y Twitter.
Lo de Chávez también es oportunismo calculado, porque aunque pareciera que se sube ahora a la ola reguladora mundial del internet por efecto de Wikileaks, su planes son anteriores. A principios de año, con la excusa de la crisis energética, trajo de Cuba a Ramiro Valdés, ministro de Informática y Comunicación, para diseñar una estrategia de represión de la red, similar a la del eficiente estilo cubano.
De la misma forma ataca a los medios tradicionales. A la presión ejercida contra Globovisión, de la que el gobierno ya se apropió un 20%, ahora la pretensión es cerrarla o reconvertirla. Las nuevas normas establecen criterios de propiedad y de operación más restrictivos que harán casi imposible que el presidente del canal, Guillermo Zuloaga, en proceso de asilo político en EE.UU. por falta de garantías, se mantenga como dueño.
Difícil será revertir la situación, porque así como se cerró RCTV en el 2007, a otras 34 radios y cinco canales de cable este año, Chávez siempre mantiene un halo de legalidad, aunque claro está, se trata de leyes a medida.
Desde el punto de vista democrático, la experiencia venezolana es catastrófica y en materia de libertad de prensa y expresión los retrocesos son irreversibles.
Ante este panorama, cabe preguntarse si serán necesarias más pruebas y evidencias para que algún gobierno exija que se aplique la nueva cláusula democrática que todos abrazaron en Mar del Plata.