Es evidente que el gobierno central ha hecho obras. El puente Bahía- San Vicente es una realidad y algunas carreteras están en buen estado.

En los servicios hospitalarios hay mejoras. Otras carreteras siguen igual y otras con síndrome de espera como la Crucita – Portoviejo y la Chone – Canuto – Calceta – Junín.
El Consejo Provincial, con el Sr. Prefecto a la cabeza, se esfuerza por mejorar las vías del sector rural y varias de ellas ya tienen doble riego. Las parroquias de Membrillo – Canuto ya tienen vía, ya pueden comunicarse. Se espera el lastrado.
Hay avances notables en la vialidad rural. A pesar de lo dicho, muchos ciudadanos afirman que otras obras se hacen con lentitud y, según expresión de los quejosos, cuando reclaman los unos le echan la culpa a los otros. Pedro a Juan y Juan no aparece.
El Sr. Alcalde de Portoviejo, hombre de larga experiencia en la administración pública, trabaja por atender los servicios básicos de la ciudad. La urbe recibe con frecuencia cientos de personas que abandonan el campo y sus labores agrícolas porque ya no dan ni para subsistir. Como la población de Portoviejo crece, cada vez existe más demanda de los servicios básicos y los reclamos llegan a la protesta de hecho.
Es necesario que se haga un inventario de las obras públicas que se construyen en la provincia. Que los altos funcionarios de la Función Ejecutiva y los funcionarios de los gobiernos seccionales informen con cifras cuáles son las obras que están en construcción, cuáles las que se terminarán en los próximos meses y las que se iniciarán en el 2011.
Merece aplausos que el puente Bahía – San Vicente se haya terminado en menos de tres años, pero es inexplicable que la carretera Crucita – Portoviejo, de 27 kilómetros,  en más de diez años no se concluya.
Pero las comunidades no solo necesitan carreteras en buen estado, necesitan otros servicios básicos, públicos, decentes y eficientes. Que el agua entubada que se consume sea potable. El transporte público deja mucho que desear.
La administración de Justicia es lenta. Faltan jueces y fiscales.
A muchos operadores de Justicia les falta mística de servicio y olvidan que la administración de Justicia es un servicio público. Los peritos que nombran la Fiscalía y los jueces dicen, yo no tengo sueldo, quién me paga el informe. Y si no me dan facilidades no puedo trabajar;  y no hay informe y con frecuencia los presuntos sospechosos o las partes no pueden sufragar esas facilidades.
Si los administradores de la cosa pública hacen un balance de lo que han hecho y están haciendo se podría corregir desórdenes y despilfarros y todos ganaríamos.