Cristian Fontaine Velasco, presidente de la Cooperativa de Productores de Camarón y otras especies acuícolas del norte de Manabí, COPROCAM, atribuye esta afectación al enfriamiento de las aguas en los criaderos y a los procesos de regularización que el Estado exige.
Dijo que la industria a nivel nacional está prácticamente abandonada porque las propuestas de mejoras para el sector no han tenido una respuesta inmediata del gobierno.
Agrega que Pedernales factura por año un promedio de 60 millones de dólares por la venta del camarón, lo que representa el diez por ciento de la producción nacional. “Lamentablemente por el factor clima la producción se redujo a ocho quintales por hectárea cuando la media normal es de 12 a 14 quintales por hectárea”, sostuvo.
Fontaine, de padre belga, dijo que el mejor repunte lo tuvieron en septiembre y octubre cuando por efectos de la demanda, los precios se elevaron un cuarenta por ciento, es decir, que la libra de camarón no se la vendía a 1,10 dólares sino a 1,60. Actualmente la libra está en 1,30 dólares, dijo.
Recuerda el dirigente que a mediados de los noventa, Ecuador ocupaba el segundo lugar en la producción mundial de camarón y, pero empezó a reducirse hasta llegar al octavo puesto en producción.
“La actividad no ha tenido el repunte deseado porque no contamos con una política de Estado que dote al sector de tecnología de punta y asesoría permanente”, dijo.
El camarón de piscina es un negocio que mueve el noventa por ciento de la economía en Pedernales. COPROCAM aglutina a cerca de 280 pequeños productores que, en muchos casos, se dedica a la cría de camarones de forma artesanal.
 Al margen de la ley. Pedernales fue uno de los primeros cantones en solicitar la regularización del sector porque había muchos informales.
Lo que hicieron los gremios camaroneros fue pedirle a la DIRNEA (Dirección Nacional de Espacios Acuáticos) que procediera a regular a todos los negocios y no que condicionara su actividad imponiendo una política penalizante. La DIRNEA dispuso que los productores de más de diez hectáreas tenían la obligación de reforestar el 20 por ciento de sus hectáreas dentro del estuario y los de menos de 10 hectáreas el diez por ciento.
La regularización significa que todos los productores estén al día con los pagos tributarios, y que tengan los permisos de operación así mismo que todo su personal esté afiliado al seguro y que reciban un salario acorde a la ley.<