Según publica hoy el diario El Mercurio, a la una de la madrugada del día 8, que fue festivo en Chile, dos centinelas pidieron permiso a un superior para salir del recinto y regresaron veinte minutos después con dos botellas de ron que habrían comprado en un establecimiento cercano.
Una subteniente, segunda al mando de esa cárcel, situada en el sur de la capital chilena, descubrió las botellas, avisó al oficial que esa noche estaba a cargo del penal, José Hormazábal, y dejó constancia de lo ocurrido en el denominado libro de novedades.
De acuerdo con el rotativo, esa madrugada no se realizaron procedimientos de alcoholemia, pero algunos bomberos que participaron en la extinción del fuego aseguraron después que algunos gendarmes presentaban hálito alcohólico.
Varios familiares de los fallecidos, así como los presos que sobrevivieron también denunciaron que los gendarmes habían ingerido alcohol.
Además, el pasado miércoles, el mismo diario reveló que, según un informe del Servicio Médico Legal, el 40% de los 81 reos que fallecieron esa noche estaba bajo los efectos del alcohol, lo que equivaldría a 32 internos.
Los peritajes detectaron en algunos de los cuerpos de las víctimas hasta 3,5 grados de alcohol en la sangre.
La ley chilena considera que con un gramo de alcohol una persona se encuentra ya en estado de ebriedad.
Hasta ahora, los gendarmes han asegurado que el incendio en el penal San Miguel se expandió en pocos minutos.
Sin embargo, la Fiscalía ha determinado que el fuego comenzó a las 4.00 horas, que se diseminó lentamente por la torre afectada y que los gendarmes reaccionaron dos horas más tarde, lo que se podría deberse a que se encontraban bajo la influencia del alcohol.
La hora se determinó teniendo en cuenta la velocidad del viento, que aquella noche era de quince metros por segundo, así como el material con el que estaba construido el techo de la galería y el poco oxígeno del edificio.
Por otra parte, Gendarmería anunció ayer que abrirá un sumario para investigar el destino de los 50 millones de pesos (102.000 dólares) que se habían licitado para reparar la red seca (sistema de cañerías de uso exclusivo de Bomberos) de la cárcel, que estaba inutilizable desde 2008.