Y mucho más preocupante es que en el desarrollo de este ilícito – la usura está prohibida por  las leyes ecuatorianas -  intervengan extranjeros, de nacionalidad colombiana, según las denuncias no oficiales, con una red de prestamistas que se extiende por todo el territorio nacional, cuyos integrantes recorren la geografía ofreciendo dinero con facilidades que luego se revierten en dificultades.
Porque el ingenuo y desesperado ciudadano cae en la tentación empujado por sus necesidades, que luego se incrementan al no poder cancelar la deuda, cuyos acreedores en el momento del cobro ya no son aquellas mismas personas amables que los convencieron de aceptar el dinero fácil.
Y entonces empieza el calvario para pagar una deuda triplicada de la noche a la mañana por los intereses lesivos, y que al no poder cancelarlos deben ceder bienes, terrenos, animales y, lamentablemente, hasta la vida, porque los agiotistas obedecen a una mafia enferma de poder económico, que recurre a todo para hacer prevalecer sus intereses.
Por eso extraña que a pesar de que este ilegal negocio ha sido denunciado frecuentemente,  que sus procedimientos violentos han sido ligados a la criminalidad y que los actores de la misma serían extranjeros en su mayoría, hasta ahora no hay una acción directa de las autoridades en defensa de la población de necesitados ni para el control ni la erradicación de este sistema denigrante y atentatorio al buen vivir.
Se espera que en la euforia del gobierno por controlar el crimen organizado, destine parte de sus esfuerzos a destruir esta manera de explotación a la colectividad de menores recursos económicos. <