Mendoza asegura que diariamente se cumplen de cinco a seis audiencias, por lo menos. Según el caso, pueden pasar a una segunda orden y alargar el proceso. Los casos civiles por prestación de alimentos están entre los más solicitados. Algunos, incluso, por su complejidad, pasan a un proceso judicial que puede durar meses, mientras otras causas permanecen a la espera. Mendoza explica que casi el 90 por ciento de las audiencias pedidas hasta el 5 de septiembre se quedarán en suspenso hasta enero próximo, cuando el personal del juzgado retome sus funciones, ya que el 22 de este mes iniciarán la vacancia. Esto perjudicaría a los padres que se retrasarán en la cancelación de las pensiones de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y del décimo tercer sueldo, pues no podrán realizar el pago correspondiente mientras no se fije el valor provisional de la pensión en una audiencia, como la ley manda. “Hacemos lo posible, priorizamos casos, pero a veces es difícil cumplir con tantas audiencias en un día”. Esto lo dijo la juez mientras atendía una que inició con una hora de retraso. En Manabí hay juzgados de la Niñez y la Adolescencia en Portoviejo, Manta y Chone. Olga Mendoza dice que “tres juzgados en la provincia no son suficientes”. Caso Rubén Gómez se presentó el lunes a una audiencia de contestación y conciliación, convocada por su exconviviente. En esta diligencia la juez debía fijar una pensión provisional que el padre deberá cancelar hasta que su hijo de 12 años cumpla la mayoría de edad. No se logró un acuerdo, ya que la demandante exige un valor que el demandado asegura que no puede pagar. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 135, el valor de pensión que se fije será acorde a la capacidad económica del padre y a la necesidad del beneficiario. Si en un caso la madre requiere de mayor dinero del que el padre ofrece, debe presentar pruebas documentadas de que el demandado puede asumir la prestación solicitada. Este caso pasará a una segunda audiencia. Hasta entonces, la demandante tiene un plazo de seis días para probar que el padre tiene las posibilidades económicas que ella afirma. “Casos como éste complican el proceso y a veces no nos abastecemos para atenderlos todos”, dice Mendoza, quien asegura que una solución sería el incremento de juzgados para la Niñez y la Adolescencia. En el caso de hijos no reconocidos El juez podrá obligar el pago de prestación de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad han sido legalmente establecidas. La prestación provisional podrá ordenarse desde que en el proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que permitan al juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o maternidad del demandado o demandada. El juez dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucléico (ADN) del derechohabiente y del o la demandada. Si el resultado es positivo, en la misma resolución que fije la prestación de alimentos definitiva, el juez declarará la paternidad o maternidad del demandado y dispondrá la correspondiente inscripción en el Registro Civil. Cuando el demandado se negare injustificadamente a someterse al examen señalado en el código, el juez le hará un requerimiento para que lo practique en el plazo máximo de diez días, vencido el mismo, si persiste la negativa, se presumirá la paternidad o maternidad y el juez procederá como en el caso de resultado positivo del examen. Este examen tiene un costo de 390 dólares en el Laboratorio de Genética Molecular de la Cruz Roja de Guayaquil, y los resultados se conocen después de 20 días de practicarlo.