La ley establece varios beneficios para las poblaciones de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Bolívar y Cotopaxi, dentro de las cuales está que los bancos e instituciones financieras privadas procurarán reprogramar los créditos, a los afectados, por al menos ocho años. Así mismo las empresas y entidades municipales, proveedoras de los servicios de luz eléctrica, telefonía, agua potable y alcantarillado exonerarán en su totalidad el valor de las planillas o facturas mensuales de los evacuados de las zonas establecidas, desde la fecha de evacuación hasta su retorno oficial y definitivo o el cese de los efectos dañosos de la actividad eruptiva del volcán ; y del 50 por ciento para aquellos pobladores de las zonas afectadas que actualmente están ocupando sus inmuebles. Mientras que se establece que de los recursos depositados en la cuenta especial de Reactivación Productiva y Social, se destinará, no menos de 20 millones de dólares para la ejecución de planes integrales de reconvención productiva, elaborados por la municipalidad de cada cantón, por intermedio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) o el Banco Nacional de Fomento (BNF), los recursos se incrementarán anualmente en el cinco por ciento. La Ley ampara a todas las personas que han sido evacuadas o afectadas por el fenómeno natural, con perdidas económicas y un daño significativo en sus viviendas ubicadas en los cantones de Baños, Pelileo, Pillaro, Patate, Quero, Tisaleo, Mocha y Cevallos en la provincia de Tungurahua. Así también en Penipe, Guano y zona rural en la provincia de Chimborazo; Pastaza y Mera en la provincia de Pastaza; Guaranda, en la provincia de Bolívar; y, Puga en la provincia de Cotopaxi,. Una vez aprobado el proyecto será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción, para lo cual, el presidente de la República, Alfredo Palacio, tendrá diez contados a partir de la entrega del proyecto.