Este puente de 112 metros de largo costó al Estado más de 3,6 millones de dólares; sin embargo, aunque está concluido, aún no es utilizado.
Franklin Zambrano, delegado provincial de Contraloría, informó que el pasado 23 de abril emitieron un informe sobre la obra, donde hay indicios de resposabilidad penal. Este informe se envió a la Fiscalía de Manabí, que debió disponer indagaciones para seguir la investigación preprocesal y procesal y de encontrar fundamentos se disponga la etapa de instrucción fiscal. El caso puede generar hasta pedido de prisión de los responsables, explicó.
Adicional a ello la Contraloría realizó un examen especial general a la obra, el cual se envió a la Contraloría General en Quito.  Antes de eso los contratistas y funcionarios de Corpecuador pudieron realizar los descargos de las observaciones que se realizaron. Zambrano estima que el borrador de ese informe estará listo en unos 15 días.
El cuestionamiento más importante que se realizó es haberlo construido a 12 metros del eje de la vía Portoviejo-Rocafuerte y no sobre la misma carretera, es decir derribar el puente viejo y construir el nuevo.

Justificación
Ante eso el contratista Joel López Caicedo y el funcionario de Corpecuador de ese tiempo, Colón Andrade, señalaron que el puente fue construido a 12 metros porque si lo hacían en el eje de la vía causaría graves problemas por la altura del nuevo viaducto y por las aletas de protección que hubieran bloqueado el ingreso al sistema de captación de agua cruda de la planta El Ceibal.
Señalaron, además, que si destruían el puente viejo se interrumpía el tráfico vehicular entre Rocafuerte y Portoviejo lo cual, a decir de López, hubiera sido grave porque desde el año 2007 se inició la reconstrucción vial de la zona norte y el transporte del material de canteras se encarecía por el trayecto. Caicedo calcula que él le ahorró 18 millones de dólares al Estado al no haber tumbado el puente.