El caso se abrió por la entrega de recursos no justificados para adquirir edificios y otorgar a 348 funcionarios cerca de 10 000 de dólares, para cada uno. Supuestamente estos fondos estaban destinados para el “desarrollo espiritual” de los funcionarios.

Asimismo, se dictó sobreseimiento de todos los miembros de la Asociación de Empleados de la Procuraduría, al considerar que sus actuaciones no fueron dolosas.

Garaicoa fue procesado como posible autor del delito de peculado, mientras que César Quintana, ex director Nacional Financiero de la Procuraduría General del Estado; Ricardo Lozada, ex director nacional de Desarrollo Humano del organismo, y Stalin Arana, ex director nacional de Capacitación, fueron llamados a juicio como presuntos cómplices. Se dispuso la prisión preventiva de los acusados, así como la prohibición de enajenar sus bienes.

“El referido ex Procurador, con los informes favorables de los funcionarios ya mencionados, emitió las resoluciones 063 y 084, por medio de las cuales se entregó a la Asociación de Empleados de dicho organismo cuantiosas sumas de dinero para la compra de edificios para escuelas de capacitación del personal, así como para capacitación y crecimiento en pos del desarrollo integral e institucional de los empleados de la Procuraduría, habiéndose procedido a la distribución de 10 000 dólares a cada uno de 348 funcionarios”, señala una parte de la sentencia publicada por diario El Comercio.

Según el documento de la Procuraduría, los dos edificios comprados, tanto en el Tingo como en Crucita, no sirven para capacitación, por lo cual, su compra significa una violación a la Ley de Contratación Pública y que el bono entregado se lo hizo contraviniendo la Ley de Gasto Público. Inclusive, un informe de la Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal.

Fuente: Conformado.net