Esta mañana, el Tribunal informó que Garaicoa fue procesado como posible autor del delito de peculado, mientras que César Quintana, ex director Nacional Financiero de la Procuraduría General del Estado; Ricardo Lozada, ex director nacional de Desarrollo Humano del organismo, y Stalin Arana, ex director nacional de Capacitación, fueron llamados a juicio como presuntos cómplices.
Se determinó que “el referido ex Procurador, con los informes favorables de los funcionarios ya mencionados, emitió las resoluciones 063 y 084, por medio de las cuales se entregó a la Asociación de Empleados de dicho organismo cuantiosas sumas de dinero para la compra de edificios para escuelas de capacitación del personal, así como para capacitación y crecimiento en pos del desarrollo integral e institucional de los empleados de la Procuraduría, habiéndose procedido a la distribución de 10 000 dólares a cada uno de 348 funcionarios”.
Un informe de la Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal. Según ese documento, los dos edificios comprados, tanto en el Tingo como en Crucita, no sirven para capacitación. El ente de control refirió que en su compra se violó la Ley de Contratación Pública y que el bono entregado se lo hizo contraviniendo la Ley de Gasto Público, informó la Corte.
Dentro del auto resolutivo se dispuso la prisión preventiva de los acusados, así como la prohibición de enajenar sus bienes.
De otra parte se dictó sobreseimiento de todos los miembros de la Asociación de Empleados de la Procuraduría General del Estado, al considerar que sus actuaciones no fueron dolosas, y además que la intervención de aquellos fue como miembros de la Asociación y no como funcionarios públicos.

Fuente: El Comercio