Durante un recorrido de obras por el centro andino del país, el mandatario declaró a periodistas que el acuerdo supone "una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país", porque la brasileña "ha reconocido todas las incidencias, condicionamientos" y pagos que exigió Ecuador.
En septiembre de 2008, Correa ordenó la expulsión del país de la constructora tras no llegar a un acuerdo para la reparación de la planta hidroeléctrica San Francisco, que construía en un sector de las estribaciones centrales andinas hacia la Amazonía, y que presentó problemas estructurales.
La ejecución de esa obra, adjudicada a Odebrecht en 2007, se financió con un crédito de 286,8 millones de dólares otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, que Ecuador impugnó por presuntas irregularidades en su contratación.
En noviembre de ese mismo año, Ecuador presentó una demanda de arbitraje internacional para analizar el pago del crédito, lo que también permitió que, en enero de 2009, se solucionara un conflicto diplomático con Brasil, que había llamado a consultas a su embajador en Quito por el caso Odebrecht.
Tras la salida del país de la constructora, el consorcio ecuatoriano Hidropastaza se hizo cargo de la central hidroeléctrica, que tuvo que paralizar en ocasiones su operación por los fallos que presentaba.
Según se informó oficialmente en días pasados, a través del acuerdo alcanzado, Odebrecht se ha comprometido a realizar las inversiones necesarias para asegurar el funcionamiento pleno y a largo plazo de la central hidroeléctrica San Francisco.
Además, la constructora también efectuará las obras necesarias para el funcionamiento de la central, garantizará por 5 años la reparación de las obras civiles y realizará un pago transaccional por las paralizaciones de la central, entre otros.
Odebrecht también suministrará soporte técnico y capacitación de los técnicos de Hidropastaza, para la operación y mantenimiento de la central San Francisco por el plazo de 30 meses.