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Tras nueve meses de debate dentro de la Comisión de Educación, el pasado 22 de junio el pleno del legislativo celebró el segundo y definitivo debate del proyecto, tras el cual se incluyeron 80 observaciones de los asambleístas.
Hoy los legisladores votarán el texto, que si se aprueba pasará a manos del Ejecutivo, que podrá vetarlo parcial o totalmente.

Rechazo
Sin embargo, representantes estudiantiles rechazan el texto legal por considerar, entre otros aspectos, que busca "violentar totalmente la autonomía universitaria" y "silenciar el pensamiento crítico de la universidad", afirmó el vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), Galo Mindiola.
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es la disposición de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología como un organismo rector de la política pública en el campo de la educación superior.
Para Mindiola, la creación de esa entidad sería inconstitucional al tener "un conjunto de atribuciones que no le dan la función de un ente de coordinación sino más bien de control, de regulación, de sometimiento", lo que eliminaría "totalmente la autonomía universitaria", declaró en una entrevista con Ecuavisa.
Según el representante estudiantil, esa Secretaría lleva a la universidad a ser "una sucursal, una dependencia del régimen de turno, convirtiéndolas en un sitio donde existe un pensamiento único".

Gratuidad
Los universitarios también critican cómo concibe el proyecto legal la gratuidad de la educación superior, que de acuerdo con Mindiola, "se la considera como una beca académica solamente para quienes tengan" determinadas condiciones.
"Peleamos por una gratuidad total sin ningún tipo de condicionamiento ni restricción porque es el derecho que hemos alcanzado" los universitarios, añadió.
Los universitarios han previsto para hoy una manifestación hasta el edificio de la Asamblea legislativa para intentar presionar a los asambleístas y conseguir que no se vote el texto, al que consideran "elitista, tecnocrático y reaccionario".

Falsa autonomía
Por su parte, el titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), René Ramírez, afirmó que, en los últimos 25 años, el Estado perdió la posibilidad de elaborar políticas públicas en educación superior "a nombre de una falsa autonomía" de las universidades.
"El país necesita un espacio, una instancia que coordine al Ejecutivo con el sistema interno de educación superior", señaló en referencia a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que según explicó, se encargaría "únicamente de la coordinación y de la política pública".
Esa política pública regiría sobre becas, información, créditos y admisiones a los centros, entre otros aspectos, precisó Ramírez.
Además, aseguró que la elaboración del proyecto legal se ha realizado con un proceso de participación colectiva y "completamente democrática".