La delegación que la Intendencia de Compañías de Manabí tenía para manejar las atenciones en Esmeraldas, por disposición superior esta ha sido asignada a Pichincha, en movimiento de ficha que anula la competencia de la oficina manabita en esa vecina provincia.

La orden no ha sido publicitada, pero se conoce que se debe a un reordenamiento administrativo que el gobierno nacional está haciendo para volver a concentrar el manejo de esta entidad en las ciudades y provincias que anteriormente lo tenían.
Y esto se deduce cuando la Intendencia de Manabí regresa a depender del Guayas, luego de un largo período en el que se desenvolvió libremente y durante el cual sus conexiones eran directamente con Quito, lo que le facilitaba las gestiones administrativas.
Al parecer el paso tomado obedece a estrategias oficiales que procuran satisfacer exigencias de carácter político, de compromisos y para ajustar medidas que tienden a lograr un mayor control en el sector empresarial, pero recurriendo a la vieja estrategia centralista.
Esto trae al recuerdo el trato que el gobierno está dado a la provincia con medidas lesivas a sus intereses, como, por ejemplo, disponer la desaparición de la CRM, entidad emblemática de los manabitas que marcó avance en su desarrollo; la subordinación de la Contraloría nuevamente al Guayas, mandando al tacho de la basura años de esfuerzos dedicados a lograr la desconcentración de funciones que ayudaron a su mejor administración.
Se revive, entonces, la política de la concentración, de la centralización, de la hegemonía de los grupos de poder en las provincias conocidas, contrariando al mensaje que afanosa y permanentemente el gobierno difunde para convencer al ciudadano que la Patria ya es de todos.  
Y mucho más lamentable es el mutismo de los funcionarios locales, cuya complaciente posición contribuye a la minimización de los derechos manabitas, incluidos los de ellos.