La ley firmada por la gobernadora enfrenta seis impugnaciones introducidas por el gobierno federal, grupos privados e individuos, así como varias municipalidades del estado.
Documentos y otros datos obtenidos por The Associated Press de la oficina de Brewer señalan que más de 9.000 contribuciones realizadas a través de la página electrónica del fondo representan aproximadamente un 85% del total de las donaciones.
Cerca de 2.000 de las contribuciones en internet provienen de Arizona.
Los documentos también señalan que las donaciones se incrementaron esta semana, cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda en contra de la ley.
Dicho departamento sostiene que la nueva legislación -que está por entrar en vigencia a fines de este mes y que autoriza a policías locales y estatales a preguntarles a las personas arrestadas acerca de su estatus migratorio- representa una usurpación de las funciones del gobierno federal.