El argumento del mandatario es que es una ley que interfiere con prerrogativas y competencias propias del gobierno federal.
El abogado Daniel Ortega, miembro del Consejo Nacional de la Raza en Arizona, explicó a este Diario que la ley todavía puede entrar en vigencia el 29 de julio si es que no hay un juez que la detenga. “Lo que ha hecho el gobierno es solicitar documentación y pedir a la Corte de Arizona que no la aplique. Como estrategia esta demanda es muy buena porque ayuda a empujar a las otras querellas que están presentadas en contra de la ley, pero si no hay un juez que la detenga no habrá forma de evitar que entre en vigencia”, sostuvo Ortega.
Una vez que el asunto entra a la Corte puede demorar años la querella para encontrar una solución definitiva. Las reacciones a la decisión de la Casa Blanca llegan desde diferentes frentes: el gobierno de México, por ejemplo, felicitó la intervención del Departamento de Justicia, el brazo jurídico del Ejecutivo.
Lo mismo hizo Ecuador, a través del embajador Luis Gallegos, en Washington. “Esperábamos que esta acción sea tomada porque nos parece que la ley 1070 contiene disposiciones que violan los derechos humanos y los preceptos constitucionales de EE.UU”.
Alexandra Soler Meetze, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (Aclu) se mostró optimista de que la causa que ellos defienden puede salir avante tras la decisión de la Casa Blanca de presentar una querella en contra de la ley de Arizona.
“La Constitución le da al gobierno federal el derecho de regular el tema inmigratorio y lo que hace la ley de Arizona es interferir y hacer el trabajo más difícil. Nuestro miedo es que si el gobierno no interviene habrán 50 leyes más como las de Arizona”.
El 22 de este mes la Aclu, que representa a unos 14 organizaciones en esta demanda y a la cual se han unido Ecuador y México como terceros, tendrá una cita en la Corte y la juez puede tomar una decisión esa misma semana.
“Tenemos la ley de nuestro lado y la decisión del secretario de Justicia, Eric Holder, nos ayuda pues estamos trabajando sobre los mismos argumentos: la ley de Arizona es inconstitucional”, dijo Soler.
El senador Luis Gutiérrez también aseguró que es una buena idea querellarse en contra del estado de Arizona. “Esto demuestra que la administración de Obama está comenzando a comprometerse en su totalidad en el asunto inmigratorio”.
Todo lo contrario piensa el líder de la minoría republicana Mitch McConnell. Para él, Obama está “poniendo demasiado énfasis en abrir el camino a la ciudadanía de personas que están viviendo aquí ilegalmente, sin poner mayor control a la frontera”.
Según McConnell, si quiere un verdadero progreso tiene que retirar de la mesa la amnistía para esta gente y enfocarse en el control de la frontera y en la seguridad interna”. Joe Arpaio, el temido sheriff del estado de Maricopa en Arizona, tras conocer sobre la demanda señaló que él continuará aplicando la ley y no será intimidado por ninguna demanda.
“Nada me va a detener en mi lucha en contra de la inmigración ilegal”, advirtió Arpaio.
Más detalles
Un 57% de los estadounidenses está en contra de crear una alternativa legal para que los inmigrantes sin documentos logren la residencia.
Sin embargo, cuando a esos mismos encuestados se les pregunta si quieren que los inmigrantes que tienen trabajo se queden y paguen impuestos un 87% dice estar a favor.
La ley de Arizona es polémica porque por primera vez convierte en delito el no tener papeles, el rentar un departamento a un indocumentado, el darle trabajo y relacionarse amistosamente con los indocumentados.