Soy de los periodistas que albergan dudas sobre si el embargo económico de Estados Unidos a Cuba es o no una buena práctica o si sigue siendo el mensaje más adecuado para corroer la dictadura y presionar por cambios a favor de los derechos humanos y las libertades.

Aunque creo comprender los argumentos a favor o en contra, e indistintamente me posiciono en uno u otro lado de la discrepancia, lo que no entiendo son las incongruencias del gobierno estadounidense. El miércoles, la Comisión de Agricultura del Congreso en Washington votó, con mayoría oficialista, un proyecto de ley que permitirá el turismo de estadounidenses a Cuba y ampliará las exportaciones de productos agrícolas, flexibilidad que se suma a la adoptada el año pasado por el presidente Barack Obama, al eliminar trabas para que los cubanoamericanos viajen a la isla.
No obstante que los legisladores argumentan que la nueva ley no anularía el embargo impuesto hace cinco décadas, ciertamente es contraria a los principios y espíritu que lo originaron, pues en Cuba la situación de los derechos humanos no sólo que no ha mejorado, sino empeorado.
El citado informe, “Restricciones a la libertad de expresión en Cuba”, reclama que la represión contra periodistas y disidentes, lejos de aminorar, ha aumentado; lo que coincide con el reclamo que desde el 2003 viene haciendo la Sociedad Interamericana de Prensa para que se libere a decenas de comunicadores independientes y presos políticos, y que hoy es eje central de la misión del psicólogo y opositor Guillermo Fariñas, encarnada a través de su feroz y decidida huelga de hambre.
Esta incoherencia de la política estadounidense sobre la indecisión entre apoyar medidas económicas o exigir libertad, queda aún más en evidencia a la luz de una ley que Obama sancionó en mayo. La legislación, que lleva el nombre del periodista Daniel Pearl, del diario The Wall Street Journal, decapitado en Pakistán en el 2002, exige al Departamento de Estado que en sus informes sobre derechos humanos, diagnostique el estado de la libertad de prensa en cada país analizado.
La importancia de la ley radica en que se abre la posibilidad para que el gobierno pueda aplicar sanciones económicas o condicionar asistencia financiera a aquellos estados que como Cuba, Venezuela, China, Vietnam o Irán, entre otros, encarcelan periodistas, cierran medios o restringen las libertades de prensa o reunión.
A pesar de la incoherencia, es justo reconocer que EE.UU. sigue siendo uno de los países más firmes respecto a Cuba. Aún así, Washington debería ser más coherente. No debería flexibilizar su política con aquellos países donde empeora la libertad de prensa como establece la ley Daniel Pearl, una actitud de doble moral parecida a la de algunas celebridades y cantantes, que condenan por “principios éticos” el embargo a Cuba, aunque organizan boicots contra Arizona por su ley de inmigración.