Será una jornada, que empezará a las 10h00 en el Salón de la Ciudad, donde se tratará un solo punto, tal como lo resolvió la Corporación Municipal el 20 de mayo pasado: conocer que ha pasado con la audiencia propuesta al presidente Rafael Correa para que reciba al alcalde Humberto Guillem y a concejales, y se resuelvan los pedidos hechos al Gobierno sobre el financiamiento de obras hidrosanitarias y reparación de calles, que suman 26 millones de dólares.
Desde el municipio aclaran que la cita de hoy es de carácter únicamente cívico, donde el pueblo resolverá, pero dentro del marco legal.
Además, se indicó que quién vaya a hablar tendrá que inscribirse antes de que inicie la asamblea, y se considerará un tiempo de tres minutos por cada intervención.
Por ejemplo, Esteban Bazurto, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) filial Manabí, prevé hablar en representación del Frente Popular, que aglutina a este gremio, como a los de estudiantes secundarios, universitarios, Federación de Barrios, entre otros.
Perspectivas
Luego de que escuchara varios planteamientos de la ciudadanía, el alcalde Guillem propondrá en la asamblea popular que se desarrolle una gran marcha. De esto, se analizará la posibilidad de fundirla con la convocada por la Universidad San Gregorio, para el próximo 12 de julio.
Mientras, el asambleísta Richard Guillem enfatizó ayer que debería resolverse una medida de hecho.
Bazurto opinó que para organizar un paro habrá que organizarlo con tiempo, "no se hace por emotividad, de la noche a la mañana"; además, sería la última medida a tomar cuando se cierre la "puerta del diálogo".
En cambio, el asambleísta Guillem dijo que el diálogo con el Gobierno se agotó.
Igual, Bazurto recalcó que "nosotros no hablamos de paro, primero habrá que conseguir la unidad de los portovejenses". La concejal Ana Pilay coincide y sugiere que el espíritu de la asamblea debe ser la lucha para que Portoviejo reciba una asignación per cápita equitativa.
El artículo 100 de la Constitución ampara tratar estos asuntos financieros en una asamblea popular.

CONSIDERADO El ÚLTIMO ACNTÓN DEL PAÍS

Portoviejo fue ubicado en el último puesto en el listado de asignación per cápita, por parte del Ministerio de Finanzas. Así, se estableció que cada portovejense recibe 61,53 dólares.
"Es una injusticia", indicó la edil Ana Pilay, quien espera que en la asamblea popular de hoy se definan lineamientos para conseguir que en el 2011 esta asignación per cápita suba; por lo tanto, insta a luchar fuerte hasta octubre, cuando se elabore el presupuesto.
Mientras, el analista económico Walter Andrade señaló que es un error de la política distributiva del Gobierno, pues no se ha considerado que la ciudad tienen muchas falencias.
Por su parte, el analista político Roosevelt Cedeño enfatizó que se está violando un principio constitucional, el de la equidad, donde todos los ecuatorianos son definidos como iguales. El artículo 11 de la Carta Magna, en su numeral segundo, habla que "todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades".
La representante del Ejecutivo en la provincia, la gobernadora María Luisa Moreno, expresó que más que responsabilidad del régimen, es problema de los gobiernos seccionales, y en el caso del municipio de Portoviejo ha habido un bajo nivel de gestión.
Se planteó que el municipio asuma créditos del Banco del Estado, donde tiene un cupo de 7,8 millones de dólares. Hay ciudadanos que dicen que Portoviejo no se endeude. Ese es otro tema que se prevé en Asamblea.
Un encuentro para medir fuerzas

En el bloque de PAIS hay una situación que preocupa. La vicealcaldesa Julieta Arboleda manifestó que no sería justo que 300 personas tomen una decisión, en una asamblea popular, en nombre de los 300 mil habitantes del cantón.
Es que temen que la asamblea resuelva algo que no convenga. Para eso, invocó una sugerencia de su colega de bancada, Gabriela Molina, de que decisiones complejas sean canalizadas mediante consulta popular.
Igual, como medida preventiva, Arboleda junto a sus colegas Mario Fidel Suárez y Patricio Roca elaboraban ayer un informe sobre los recursos entregados por el Gobierno a Portoviejo, y así contrarrestar posturas en torno a que el presidente Rafael Correa no ha atendido a la capital manabita, lo que generaría antipatías en la asamblea.
Todo esto con una estrategia. Suárez admitió que PAIS como un movimiento organizado llevará gente al Salón de la Ciudad, para respaldar la gestión del régimen en Portoviejo. Hablan de golpismo y desestabilización en una publicidad.
La edil del MPD, Ana Pilay,  dijo que el objetivo de la asamblea es en pro de Portoviejo, y sería el peor error que el bloque de PAIS actúe así, defendiendo posturas en otro sentido.
Igual, se ha coordinado en las filas del MPD la asistencia de su gente a más de integrantes de la UNE, de otros gremios estudiantiles y del Frente Popular.
Por otro lado, Arboleda aclaró unas declaraciones de Molina, en el sentido de que la Constitución le da derechos a los ecuatorianos a participar en los asuntos de interés público, a fiscalizar, y revocar el mandato a las autoridades, entre otros, pero nunca se refirió a que se está a favor de la salida del alcalde Humberto Guillem, como se especuló.
Suárez indicó que si el pueblo decide la revocatoria de todos, sus cargos están a disposición.
El asambleísta orense, Galo Lara (PSP), ha denunciado que pretenden revocar a tres alcaldes de su partido, entre ellos Guillem.

Histórico paro, que logró plan de agua, cumple cinco años

Hace cinco años, el actual presidente Rafael Correa, entonces ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacio, llegó a Manabí, precisamente a la base naval de Jaramijó, para resolver el paro de Portoviejo, que había empezado el 4 de julio y que terminó el 8 de julio del 2005.
La protesta fue encabezada por la entonces alcaldesa Patricia Briones, y nació como una resolución de una asamblea popular previa.
En esta medida se exigía al Gobierno la entrega de 133 millones de dólares, para financiar obras viales y de agua potable en este cantón. Hubo marchas de antorchas, enfrentamientos, heridos, una toma de la Gobernación y hasta la retención de un avión en plena pista del aeropuerto Reales Tamarindos.
Hubo un acercamiento infructuoso con el procurador Jos´´e María Borja, en el Fuerte Manabí. Al final, se pidió la presencia del mismo presidente Palacio para que venga a negociar, pero éste envió a Correa.
Las negociaciones arrojaron como resultado acuerdos con el Gobierno por 78 millones de dólares. De ese monto, el 84 por ciento de los recursos, 66 millones de dólares, correspondían a asignaciones del 2004.
Entre las obras logradas constan el Plan Maestro de Agua Potable, aún en ejecución, y cuyo inicio costó trámites y viajes a Quito para conseguir la asignación de los recursos, recuerda siempre la concejal Verónica Mendoza.
Otro punto fue la construcción de un hospital de especialidades, aún no cumplido. Lo mismo la adquisición de un equipo caminero para el Municipio, tampoco el encauzamiento de Montesanto, ni la reparación de establecimientos escolares por parte de la DINSE. En cuanto a la vialidad urbana, no se la reconstruyó y ahora está en pésimo estado.