Relata que tuvo que recurrir a ese trabajo para cubrir su estadía en Ecuador (desde hace siete meses), porque perdió sus ahorros: fue estafado al realizar sus trámites de naturalización.
Alberto R.C., de 45 años, no ha corrido con la misma suerte. Migración lo obligó a abandonar el restaurante cubano donde laboraba, también en Quito. Ese empleo lo consiguió poco después de arribar a Ecuador, como turista y sin necesidad de visa, en noviembre. “Me dijeron que no puedo trabajar sin documentos. Ahora estoy sin hacer nada. Me ofrecieron ayudarme con los documentos, pero hasta ahora nada”, dice.
Carlos G.C. y Alberto R.C. se sienten estafados por René G.R. y Ana María S.G., una pareja de abogados de nacionalidad chilena, recomendada por otros compatriotas para conseguir la estadía legal en Ecuador. Los abogados atendían en el sexto piso de un edificio del sector La Alameda, en el centro norte de Quito.
“No los hemos vuelto a ver. Pensamos que era como en Cuba, ahí se solicita la ayuda de un abogado y todo lo hace como es correspondiente, no como aquí que te piden dinero, dinero y al final lo que te hacen es mentir”, refiere Carlos G.C., de 37 años, quien señala que los supuestos tramitadores se esfumaron desde el 30 de marzo pasado, tras un escándalo.
Ese día, la Secretaría de Transparencia de Gestión de la Presidencia denunció que 120 cubanos habían alcanzado la nacionalidad ecuatoriana con supuestos trámites irregulares.
El organismo involucró a los notarios Marcos Díaz Casquete y Julio Olvera Espinoza, por dar fe de uniones de hecho inexistentes. El ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Aguiñaga, aprobó las naturalizaciones.
“Tengo miedo de que me vean trabajando, si me ven me detendrán y tendré que irme del país. Hasta ahora no ha pasado nada, pero quisiera que nos regularicen”, dice Carlos G.C.
La pareja de chilenos se habría comprometido con Carlos a conseguirle la residencia, y con Alberto a darle una visa de trabajo. La misma propuesta recibió un grupo de cubanos, amigos y conocidos de los dos caribeños. El costo era USD 2 600 por el trámite, que tardaba de 20 días a un mes.
Pero debían entregarle documentos personales, hacer un desembolso inicial de USD 1 500 y el saldo, al finalizar la gestión. El papeleo sería realizado en Guayaquil. “Ella decía que tenía amistad en Guayaquil con la persona que firmaba los documentos'”, manifiesta Carlos G.C.
Durante el tiempo que duró el trámite, ninguno de los caribeños viajó al Puerto Principal. Pero en documentos elaborados en las notarías 21 y 37 de esta ciudad (de Díaz y de Olvera), consta que mantenían uniones de hecho con mujeres de Guayaquil.
Alberto R.C. aparecía unido con Ángela Elizabeth Ch. C., desde hace más de dos años. “No la conozco, es mi primera vez en Guayaquil”, afirmó el 8 de junio, al dar su versión ante la fiscal Mónica Rivera, que investiga el caso.
Ella pidió la vinculación de la pareja de chilenos a la instrucción fiscal No. 004-2010. El juez Cuarto de Garantías Penales, José Tamayo, convocó para las 09:00 de mañana, 6 de julio, a una audiencia oral para atender ese pedido. No ha podido notificar a los dos inculpados, porque desconoce la dirección, pero designó a la defensora pública, Ángela Sandoya Onofre, para que los representara en la diligencia.
En ese contexto, el canciller, Ricardo Patiño, anuló 170 cédulas y 200 uniones libres irregulares de ciudadanos cubanos. Él y el titular de la Secretaría de Transparencia de Gestión, Juan Sebastián Roldán, solicitaron la destitución y enjuiciamiento penal de los notarios Díaz y Olvera.
“Estoy pidiendo las grabaciones a un canal de televisión. Cuando la tenga, los dos notarios vamos a presentarle una querella por injurias calumniosas. La fiscal no se ha pronunciado porque no ha encontrado nada”, dijo Díaz.
“Acaso Patiño es abogado para que pida mi destitución. Él es economista y no conoce de leyes”, respondió Olvera. Aguiñaga dijo que extendió naturalizaciones a los cubanos que presentaron documentos públicos originales. Se preguntó por qué no están involucrados funcionarios del Registro Civil y de Migración.
Pese al control migratorio a ciudadanos cubanos y a la anulación de documentos en Guayaquil, Carlos G.C. y Alberto R.C. insisten en gestionar la legalización de su estadía en el país. Según la Dirección Nacional de Migración, el flujo de cubanos al país no se ha reducido este año. 13 283 personas ingresaron de enero a junio y 10 759 volvieron a La Habana (se quedaron 2 524). Desde el 2006 al país llegaron 59 266 cubanos. 7 766 de ellos se quedaron (salieron de Ecuador 51 500).
Carlos G.C. y Alberto R.C. no fueron los únicos engañados por la pareja de chilenos. “La firma que consta en ese documento no es mía. Él (René G.R.) me pidió una foto para el contrato de trabajo, pero no me habló de uniones de hecho ni de presentar documentos en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores”, relata la cubana Bárbara C.D.